20/11/2026
El Senado convirtió en ley el nuevo régimen de discapacidad con 71 votos afirmativos y ninguno en contra. La norma mantiene las pensiones no contributivas, la actualización de las prestaciones y mecanismos permanentes de financiamiento. Ahora, el Gobierno de Javier Milei deberá definir su promulgación y garantizar los recursos para aplicarla.
El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad durante la sesión del jueves 19 de noviembre de 2026. Con 71 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Cámara alta convirtió en ley el régimen que busca establecer un sistema permanente de prestaciones, pensiones y financiamiento para las personas con discapacidad.
La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, ya había obtenido el respaldo de 237 diputados y consiguió reunir a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, el PRO, la UCR y otros bloques parlamentarios.
La sanción representa un acuerdo político poco habitual entre oficialismo y oposición. Sin embargo, la implementación de la nueva normativa dependerá ahora del Gobierno de Javier Milei, que deberá avanzar con su promulgación, reglamentación y asignación presupuestaria.
El debate también dejó advertencias sobre las dificultades para acceder a tratamientos, el funcionamiento de las pensiones y las deudas acumuladas con los prestadores, problemas que afectan a miles de familias de la provincia de Buenos Aires y del resto del país.
La Ley de Discapacidad recibió el respaldo unánime de los 71 senadores presentes durante la sesión del jueves 19 de noviembre, después de más de cuatro horas de debate. El proyecto había sido aprobado previamente por la Cámara de Diputados, con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, luego de negociaciones entre el oficialismo y diferentes sectores opositores. La iniciativa reemplaza el carácter transitorio del régimen de emergencia vigente, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de diciembre de 2026, por un marco permanente de protección. El acuerdo permitió conservar distintas disposiciones reclamadas por organizaciones de personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios. Durante el debate, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el entendimiento y destacó la posibilidad de alcanzar consensos frente a una problemática que involucra a numerosas familias. La dirigente reconoció las dificultades que atravesó el sector y sostuvo que el nuevo esquema permitirá establecer reglas más previsibles. Desde la oposición también celebraron el resultado, aunque remarcaron que la aprobación de una ley no garantiza por sí sola su cumplimiento efectivo.

Uno de los puntos centrales de la normativa es que las pensiones no contributivas por discapacidad continuarán siendo equivalentes al 70% del haber jubilatorio mínimo, con actualizaciones sujetas a la movilidad previsional vigente. Esto significa que la ley mantiene el esquema de protección económica, pero no establece un aumento extraordinario para todos los beneficiarios. Además, ratifica el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como uno de los requisitos fundamentales para acceder a la prestación, junto con las demás condiciones legales. Otro cambio importante es la posibilidad de compatibilizar el cobro de la pensión con un empleo registrado, el monotributo u otras actividades económicas permitidas. Para conservar el beneficio, los ingresos laborales deberán mantenerse por debajo del equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Si superan ese límite, la prestación podrá suspenderse mientras continúe esa situación. Cuando finalice la relación laboral o disminuyan los ingresos, el titular podrá solicitar su rehabilitación. La disposición busca evitar que conseguir un empleo implique perder definitivamente una prestación destinada a garantizar condiciones básicas de subsistencia. También apunta a reducir los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad para incorporarse al mercado laboral.
La nueva Ley de Discapacidad mantiene el nomenclador único de prestaciones y el arancel unificado, dos mecanismos que regulan los valores reconocidos a profesionales, centros de rehabilitación, instituciones y transportistas. El texto establece actualizaciones periódicas vinculadas con la movilidad jubilatoria, que toma como referencia la evolución de los precios. La medida busca brindar previsibilidad a quienes prestan servicios y evitar que los aranceles queden desactualizados frente al aumento de los costos. La normativa también garantiza la continuidad de la cobertura médica de las prestaciones básicas previstas por la Ley 24.901, mediante los programas correspondientes. Uno de los aspectos más importantes está relacionado con las deudas pendientes: la Secretaría Nacional de Discapacidad deberá establecer y publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrada en vigencia de la nueva norma. Además, las compensaciones reconocidas deberán cancelarse en un plazo máximo de 90 días corridos para quienes hayan completado los trámites administrativos correspondientes. Durante el debate, la senadora Juliana Di Tullio cuestionó los atrasos acumulados y afirmó que las obligaciones con prestadores se acercan a los $80.000 millones. La cifra fue planteada por la legisladora y refleja uno de los principales reclamos del sector.

Aunque todos los senadores presentes votaron a favor, la discusión por el financiamiento y la capacidad de implementación atravesó el debate parlamentario. La presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, Alicia Kirchner, sostuvo que el nuevo régimen representa un avance necesario, pero expresó preocupación por los recursos administrativos disponibles. Durante su intervención señaló que existen 427 centros de atención de ANSES en todo el país y afirmó que el 42,9% se encuentra en la provincia de Buenos Aires, según los datos que presentó. Para la legisladora, esa estructura podría enfrentar dificultades para absorber los trámites y solicitudes derivados de la implementación. Desde la Unión Cívica Radical, Mariana Juri reclamó que el Presupuesto 2027 contemple los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones establecidas. Por su parte, el senador bonaerense Maximiliano Abad advirtió que los beneficiarios no deberían verse obligados a recurrir nuevamente a la Justicia para acceder a derechos reconocidos por la ley. La iniciativa incorpora auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre ANSES, ARCA, RENAPER y otros organismos públicos. Sin embargo, los procedimientos deberán respetar garantías de notificación, defensa y debido proceso inclusivo, para evitar suspensiones arbitrarias de prestaciones.
Con la sanción definitiva del Congreso, la nueva Ley de Discapacidad deberá pasar al Poder Ejecutivo para su promulgación y posterior publicación en el Boletín Oficial. El presidente Javier Milei podrá promulgarla o ejercer las facultades constitucionales correspondientes, entre ellas la posibilidad de observar el texto mediante un veto. El antecedente más importante es la Ley de Emergencia en Discapacidad de 2025, que fue vetada por el mandatario y posteriormente ratificada por el Congreso mediante el rechazo de esa decisión. Sin embargo, la nueva normativa presenta una diferencia política significativa: recibió el apoyo del propio bloque oficialista en ambas cámaras. Si entra en vigencia, el Ejecutivo deberá reglamentarla dentro del plazo de 30 días hábiles previsto en el texto, definir los organismos responsables y garantizar los mecanismos administrativos y presupuestarios para su aplicación. La ley establece que los recursos destinados al sistema deberán ser suficientes para sostener las prestaciones y preservar determinados niveles de financiamiento en términos reales. El debate por el Presupuesto 2027 será, por lo tanto, una instancia decisiva para conocer cómo se cubrirán esas obligaciones. Mientras tanto, organizaciones de personas con discapacidad, familias y prestadores seguirán de cerca los próximos pasos del Gobierno, ya que el principal desafío será transformar el amplio consenso legislativo en mejoras concretas para quienes dependen del sistema.
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