18/11/2026
El Gobierno nacional confirmó que no tiene previsto actualizar el bono de $70.000 para jubilados, congelado desde marzo de 2024. Mientras la jubilación mínima alcanza los $514.158,46 con el refuerzo, organizaciones de adultos mayores convocaron a una jornada nacional de protestas para reclamar mejores ingresos y cobertura total de medicamentos.
El bono para jubilados continuará congelado en $70.000, según confirmó el Gobierno de Javier Milei, mientras distintas organizaciones de adultos mayores vuelven a movilizarse este miércoles 18 de noviembre para exigir una recomposición de los haberes y mejoras en las prestaciones del PAMI.
La decisión afecta especialmente a quienes cobran la jubilación mínima, que en noviembre de 2026 se ubica en $444.158,46 y alcanza los $514.158,46 con el bono extraordinario. Aunque los haberes reciben actualizaciones mensuales según la inflación, el refuerzo mantiene el mismo valor desde marzo de 2024.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la política previsional y aseguró que los jubilados mejoraron sus ingresos respecto de 2023. Sin embargo, organizaciones de pensionados y especialistas cuestionan esa interpretación y advierten sobre las dificultades que enfrentan los adultos mayores para cubrir alimentos, medicamentos y servicios esenciales.
La jubilación mínima de ANSES aumentó un 1,93% en noviembre de 2026, de acuerdo con la Resolución 304/2026, que estableció un haber de $444.158,46. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que los beneficiarios que perciben la mínima alcanzan un ingreso total de $514.158,46 antes de los descuentos que correspondan. El refuerzo también se paga de manera proporcional a quienes cobran por encima del haber mínimo, hasta alcanzar el límite establecido por el Gobierno. Sin embargo, el monto del bono permanece sin modificaciones desde marzo de 2024, cuando pasó de $55.000 a $70.000. Esta falta de actualización representa una pérdida sostenida de su poder adquisitivo, debido a que los precios continuaron aumentando durante los meses posteriores. Además, genera una diferencia entre la evolución del haber previsional y la del ingreso total de quienes reciben el complemento. Mientras la jubilación se ajusta mensualmente por inflación, los $70.000 adicionales conservan su valor nominal. Como consecuencia, el ingreso conjunto de los beneficiarios de menores recursos aumenta proporcionalmente menos que el haber base. La continuidad del bono se establece mediante decretos del Poder Ejecutivo, sin que hasta el momento exista una actualización de su monto.

La decisión del Ejecutivo se conoce en medio de una nueva jornada nacional de protesta de jubilados y pensionados, convocada para este miércoles 18 de noviembre en diferentes ciudades del país. La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados impulsó movilizaciones frente a sedes de ANSES y PAMI, además de concentraciones en plazas y espacios públicos. Los organizadores definieron la jornada como una medida de lucha contra las dificultades económicas y por el acceso a la salud de los adultos mayores. Entre los principales reclamos aparece un aumento urgente de los haberes previsionales, con el objetivo de acercarlos al costo de una canasta de consumos para personas mayores que las organizaciones estiman en alrededor de $2 millones mensuales. Esa cifra corresponde a una estimación sectorial y no debe confundirse con la canasta básica utilizada por el INDEC para medir la pobreza. También reclaman cobertura integral de medicamentos, mejoras en la atención del PAMI y mayor participación de jubilados y trabajadores en las decisiones sobre el sistema previsional. Las manifestaciones forman parte de una serie de protestas que se repiten semanalmente desde diciembre de 2023 y que ahora incorporan actividades simultáneas en distintas provincias.

El vocero presidencial Adrián Ravier defendió la política jubilatoria del Gobierno durante una conferencia de prensa realizada el martes 17 de noviembre en la Casa Rosada. Ante las preguntas sobre una posible recomposición de ingresos y la actualización del bono extraordinario, el funcionario señaló que no hay nuevas medidas previstas y que cualquier anuncio se comunicará mediante los canales oficiales. Ravier sostuvo que los haberes previsionales experimentaron una mejora respecto de los niveles registrados durante 2023 y mencionó la reducción de la inflación como uno de los principales avances del programa económico. También reconoció que los ingresos actuales todavía se encuentran por debajo de lo que el Ejecutivo considera deseable para los adultos mayores. Su posición coincide con la del ministro de Economía, Luis Caputo, quien vinculó la posibilidad de futuras mejoras con una mayor formalización laboral y un incremento de la recaudación. Desde el Gobierno consideran que el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria son condiciones necesarias para sostener una recuperación de los ingresos. Sin embargo, la comparación entre distintos períodos genera diferencias importantes, especialmente cuando se analiza el poder adquisitivo de los beneficiarios que cobran la mínima y reciben un bono que no se ajusta por inflación.

Las declaraciones oficiales fueron cuestionadas por el abogado previsional Federico Bobrovsky, quien sostuvo en diálogo con FM Cielo que la situación de los jubilados se deterioró durante la actual gestión. El especialista vinculó las dificultades con la modificación de la fórmula de movilidad previsional, implementada en 2024, y con el congelamiento del refuerzo extraordinario. Según su análisis, el mecanismo utilizado para pasar de la fórmula anterior al sistema de actualizaciones mensuales produjo un desfasaje que afectó la capacidad de compra de los haberes. A partir del cambio, las jubilaciones comenzaron a actualizarse según el Índice de Precios al Consumidor, con un retraso de dos meses respecto de la inflación medida. Aunque ese procedimiento permite incrementos periódicos del haber base, no garantiza recuperar las pérdidas acumuladas durante períodos anteriores. A esto se suma la falta de actualización del bono, que perjudica especialmente a los beneficiarios de menores ingresos. La diferencia entre el haber previsional y el ingreso total resulta central para evaluar la evolución real de las jubilaciones. Por eso, las comparaciones deben considerar tanto el período tomado como referencia como la inclusión de los refuerzos extraordinarios, ya que ambos factores pueden modificar las conclusiones sobre la recuperación o pérdida de poder adquisitivo.
Además de los ingresos, las prestaciones del PAMI ocupan un lugar central en las protestas de jubilados. Las organizaciones reclaman recuperar la cobertura integral de medicamentos y cuestionan los requisitos establecidos para acceder a determinados tratamientos sin cargo. El abogado Federico Bobrovsky también advirtió que el costo de los remedios representa una presión importante sobre los presupuestos de los adultos mayores, especialmente entre quienes necesitan medicación permanente. Actualmente, PAMI mantiene un sistema de descuentos y un subsidio social que permite solicitar la cobertura del 100% de determinados medicamentos para afiliados que cumplen requisitos económicos y patrimoniales. También existe una vía de reconsideración para quienes deben destinar una proporción elevada de sus ingresos a tratamientos farmacológicos. Sin embargo, asociaciones de jubilados sostienen que las condiciones de acceso y las dificultades para realizar trámites pueden generar obstáculos para algunos beneficiarios. A estos reclamos se suman cuestionamientos relacionados con demoras en turnos y prestaciones médicas. Frente a este escenario, los manifestantes piden que las mejoras previsionales contemplen tanto el monto de los haberes como los gastos que deben afrontar para cuidar su salud. Mientras el Ejecutivo mantiene congelado el bono y defiende los resultados de su programa económico, las organizaciones anticipan que continuarán reclamando una recomposición que les permita cubrir sus necesidades cotidianas.
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