16/11/2026

Legislativas

Ley de Discapacidad: el Senado busca aprobarla este jueves

El Senado buscará convertir en ley el nuevo régimen de protección para personas con discapacidad el jueves 19 de noviembre. La iniciativa obtuvo 237 votos en Diputados y reúne el apoyo de oficialismo y oposición. El proyecto contempla pensiones compatibles con el empleo registrado, actualización de prestaciones y financiamiento permanente.

El Senado de la Nación se prepara para tratar la nueva Ley de Discapacidad en una sesión prevista para el jueves 19 de noviembre de 2026. El proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, busca establecer un régimen permanente de pensiones, prestaciones y financiamiento para las personas con discapacidad.

La iniciativa consiguió un amplio respaldo parlamentario después de reunir 237 votos afirmativos en Diputados, además del acompañamiento de La Libertad Avanza, el peronismo, el PRO, la UCR y diferentes bloques provinciales durante su tratamiento en las comisiones del Senado.

Sin embargo, todavía existen diferencias dentro del Gobierno de Javier Milei por el impacto presupuestario de algunas disposiciones. Mientras Patricia Bullrich impulsa la aprobación sin modificaciones, sectores del Poder Ejecutivo plantean la necesidad de revisar las obligaciones fiscales previstas en el texto.

El debate genera expectativa entre las familias, los prestadores y las organizaciones vinculadas con la discapacidad, especialmente ante el vencimiento de la emergencia vigente, previsto para el 31 de diciembre.

Cuándo se vota la Ley de Discapacidad en el Senado y qué falta

El proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad podría recibir sanción definitiva el jueves 19 de noviembre, durante una sesión que el oficialismo busca concretar en la Cámara alta. La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados durante la madrugada del 22 de octubre, con 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones. Posteriormente, el 4 de noviembre, consiguió dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado, sin que se introdujeran modificaciones al texto. El acuerdo incluyó a los principales bloques políticos, aunque no fue unánime: la senadora cordobesa Alejandra Vigo expresó objeciones relacionadas con el financiamiento y los alcances del sistema. Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, manifestó su intención de avanzar con la votación durante esta semana. De todos modos, el temario deberá terminar de definirse en la reunión de Labor Parlamentaria prevista para el miércoles 18 de noviembre, a las 15. Si el Senado aprueba el proyecto sin cambios, quedará sancionado por el Congreso. En caso de introducir modificaciones, deberá regresar a Diputados para su revisión.

Con cambios de último momento y amplio apoyo opositor, el Gobierno aprobó  una nueva ley de Discapacidad en Diputados - Infobae

Pensiones por discapacidad: podrán cobrarse junto con un trabajo registrado

Uno de los principales cambios que contempla la iniciativa es la compatibilidad entre las pensiones no contributivas por discapacidad y el empleo formal. El proyecto establece una prestación equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo para las personas que cumplan con los requisitos legales, incluyendo las condiciones relacionadas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, permite que los beneficiarios desarrollen una actividad laboral registrada o se inscriban en el monotributo sin perder automáticamente la pensión. Para mantener el cobro, los ingresos laborales no deberán superar el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Cuando ese límite sea excedido, el beneficio podrá suspenderse temporalmente, de acuerdo con los procedimientos previstos, sin que ello implique necesariamente su eliminación definitiva. El objetivo es reducir los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad al intentar incorporarse al mercado laboral. Actualmente, uno de los principales temores de quienes reciben prestaciones económicas es que la obtención de un empleo registrado provoque la pérdida del ingreso que utilizan para afrontar necesidades básicas. La nueva regulación busca ofrecer mayor previsibilidad y evitar que aceptar un trabajo implique quedar automáticamente fuera del sistema de protección.

Qué cambia para los prestadores y cómo se actualizarán las prestaciones

La nueva Ley de Discapacidad también busca garantizar la continuidad de los servicios de rehabilitación, transporte y atención especializada mediante un esquema estable de financiamiento. El texto mantiene el nomenclador único de prestaciones y establece mecanismos de actualización periódica de los aranceles, vinculados con la movilidad jubilatoria y la evolución de la inflación. La intención es brindar mayor previsibilidad a profesionales, centros terapéuticos, transportistas e instituciones que trabajan con personas con discapacidad. Esta cuestión resulta especialmente importante en la provincia de Buenos Aires, donde numerosos prestadores denunciaron dificultades para sostener sus actividades por el aumento de los costos, las demoras en los pagos y la insuficiencia de los valores reconocidos por el sistema. La iniciativa también contempla la continuidad del programa federal Incluir Salud, destinado a garantizar cobertura sanitaria a personas que perciben determinadas pensiones no contributivas. En materia presupuestaria, dispone que las partidas asignadas para sostener el sistema no podrán ser inferiores, en términos reales, a las del ejercicio anterior. Además, incorpora un mecanismo para regularizar las compensaciones adeudadas a prestadores, mediante un cronograma de cancelación. Si el proyecto recibe sanción definitiva, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 30 días para reglamentar la norma.

Senado Argentina

Las auditorías y los controles para mantener las prestaciones

El proyecto incorpora mecanismos de fiscalización y auditorías periódicas sobre las prestaciones por discapacidad, uno de los puntos que facilitó el acercamiento entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición. La iniciativa contempla el intercambio de información entre organismos públicos como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Estos cruces permitirán verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y detectar posibles irregularidades en el otorgamiento de beneficios. Sin embargo, el texto también incorpora garantías para evitar suspensiones arbitrarias. Entre ellas figura la obligación de notificar a las personas afectadas y otorgar un plazo de 60 días para presentar un descargo antes de resolver determinadas medidas. Los procedimientos deberán desarrollarse bajo criterios de debido proceso inclusivo, teniendo en cuenta las condiciones particulares de quienes reciben las prestaciones. Además, la iniciativa contempla la participación del Consejo Federal de Discapacidad en el diseño y la evaluación de políticas públicas. Para las organizaciones del sector, uno de los principales desafíos será garantizar que los controles administrativos no se conviertan en obstáculos que dificulten el acceso a tratamientos, pensiones y otros derechos reconocidos por la legislación.

Las diferencias por el costo fiscal que podrían complicar la aprobación

A pesar del amplio consenso legislativo, el financiamiento de la Ley de Discapacidad continúa generando diferencias dentro del Gobierno nacional. Mientras Patricia Bullrich impulsa la sanción del texto aprobado en Diputados, sectores del Poder Ejecutivo analizan la posibilidad de introducir modificaciones para compatibilizar las obligaciones económicas con las metas fiscales. El debate involucra particularmente al Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, aunque todavía no se confirmó una propuesta alternativa que reúna el apoyo necesario para modificar el proyecto. La discusión se relaciona también con el Presupuesto 2027, donde deberán contemplarse las partidas necesarias para sostener las pensiones, los tratamientos y las prestaciones previstas. Desde algunos bloques opositores advirtieron que la aprobación de una nueva norma no garantiza por sí sola su cumplimiento si no se asignan recursos suficientes. En paralelo, representantes del oficialismo sostienen que el régimen permanente permitirá ordenar el sistema y establecer reglas de financiamiento más previsibles. El proyecto busca reemplazar el carácter transitorio de la emergencia establecida por la Ley 27.793, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de diciembre de 2026. Por eso, la votación del jueves será un paso importante, aunque todavía no definitivo: si el Senado sanciona la iniciativa sin cambios, quedarán pendientes su promulgación, reglamentación y aplicación efectiva. Para las familias y los prestadores, el principal interrogante seguirá siendo cómo se traducirán las disposiciones legales en pagos, coberturas y servicios concretos.

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