PAMI, discapacidad y obra pública: las medidas más cuestionadas

Una nueva encuesta sobre las medidas del Gobierno de Javier Milei reveló un elevado nivel de rechazo a decisiones relacionadas con la salud, las prestaciones por discapacidad y la inversión pública. El estudio de AtlasIntel y Bloomberg mostró que la reducción de la cobertura de medicamentos del PAMI fue considerada un error por el 77% de los participantes, mientras que solamente el 14% la evaluó positivamente.

El relevamiento Latam Pulse Argentina analizó 18 políticas implementadas durante la actual gestión y permitió identificar diferencias importantes entre las decisiones vinculadas con el ajuste presupuestario y aquellas relacionadas con la administración de programas sociales, las protestas y el mercado cambiario.

Los resultados también reflejaron un aumento de la desaprobación presidencial, que alcanzó el 60,6%, frente a un 36,2% de aprobación. La medición fue realizada entre el 5 y el 9 de noviembre de 2026 y se difundió el viernes 13, en un contexto de preocupación por el empleo, los ingresos y la situación económica.

PAMI: el recorte de medicamentos recibió un 77% de rechazo

La decisión que concentró las respuestas más desfavorables fue la reducción de la cobertura de medicamentos del PAMI, la obra social que atiende a jubilados y pensionados. Según AtlasIntel, el 77% de los encuestados consideró que la medida fue un error, mientras que apenas el 14% la calificó como un acierto. La diferencia de 63 puntos porcentuales muestra la magnitud del rechazo registrado entre los participantes y convierte a esta política en la más cuestionada de las 18 evaluadas. El resultado aparece después de las modificaciones introducidas por el Gobierno nacional en el sistema de cobertura farmacológica, que estableció requisitos económicos y patrimoniales para acceder al subsidio social que permite obtener determinados medicamentos sin cargo. Desde PAMI sostienen que el programa mantiene descuentos de hasta el 100%, conserva la cobertura total de tratamientos especiales y ofrece mecanismos de asistencia para afiliados que no pueden afrontar sus gastos. Sin embargo, las nuevas condiciones de acceso generaron cuestionamientos de organizaciones de jubilados y sectores vinculados con la salud. En la provincia de Buenos Aires, donde una cantidad importante de adultos mayores depende de esta cobertura, también se registraron reclamos por dificultades en la atención y el financiamiento de prestaciones. La encuesta no determina cuántas personas perdieron efectivamente el acceso a medicamentos, sino cómo valoran los consultados la política presentada en el cuestionario.

Discapacidad y obra pública: las otras medidas más cuestionadas

El segundo resultado más relevante corresponde a la reducción del presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad, considerada un error por el 71% de los participantes y un acierto por el 19%. La valoración se produce mientras continúan las discusiones sobre el financiamiento de pensiones, tratamientos, transporte y prestaciones destinadas a personas con discapacidad. El Gobierno nacional sostiene que busca ordenar los mecanismos de control y garantizar la sostenibilidad del sistema, mientras que organizaciones, prestadores y familiares reclaman recursos suficientes para sostener los servicios. La tercera medida con mayor proporción de respuestas negativas fue la paralización de la obra pública nacional, rechazada por el 70% y respaldada por el 19%. Este resultado tiene especial relevancia para Buenos Aires, donde el Gobierno de Axel Kicillof mantiene diferencias con Nación por proyectos de viviendas, rutas y obras de infraestructura que quedaron interrumpidos. La administración bonaerense reclama la continuidad de inversiones consideradas necesarias para mejorar los servicios y la conectividad, mientras que el Ejecutivo nacional defiende su política de reducción del gasto y la incorporación de esquemas de financiamiento privado. La encuesta muestra que, entre quienes respondieron, ambas decisiones recibieron valoraciones mayoritariamente desfavorables.

Universidades, jubilaciones y salarios estatales también generan críticas

Los cuestionamientos se extendieron a otras decisiones relacionadas con el financiamiento universitario, las jubilaciones y las condiciones laborales del sector público. El 66% de los encuestados consideró un error reducir los recursos destinados a universidades nacionales y organismos científicos, mientras que el 27% evaluó favorablemente esa medida. El veto presidencial al aumento de las jubilaciones aprobado por el Congreso obtuvo el mismo nivel de respuestas negativas, con un 66%, frente al 25% que lo consideró un acierto. Los despidos y la reducción de salarios en el Estado recibieron un 64% de opiniones desfavorables y un 29% de respaldo. A su vez, la liberación de los precios de las empresas de medicina prepaga fue cuestionada por el 63%, mientras que el 26% la evaluó positivamente. La reforma laboral registró un 56% de respuestas negativas frente al 37% de favorables, y el alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel recibió un 58% de rechazo y un 33% de apoyo. Otras políticas presentaron diferencias más ajustadas: la reducción de subsidios a la electricidad y el gas fue considerada un error por el 52%; la apertura de importaciones, por el 49%; y los beneficios fiscales para grandes inversiones, por el 48%. La derogación de la Ley de Alquileres y la devaluación inicial también obtuvieron más respuestas negativas que positivas.

Qué medidas de Milei recibieron valoraciones favorables en la encuesta

Aunque la mayoría de las decisiones analizadas obtuvo un balance desfavorable, el relevamiento identificó tres políticas que fueron consideradas aciertos por una proporción mayor de encuestados. La eliminación de intermediarios en la entrega de planes sociales registró un 65% de respuestas positivas y un 26% de negativas. El protocolo antipiquetes, implementado para regular las protestas y los cortes de calles, fue evaluado favorablemente por el 52%, mientras que el 38% lo consideró un error. La eliminación de las restricciones cambiarias para comprar dólares también recibió más apoyo que rechazo, con un 51% de valoraciones positivas frente al 32% de negativas. El cierre y la fusión de ministerios presentaron un resultado prácticamente dividido: el 48% los consideró un acierto y el 47%, un error. Las diferencias muestran que la valoración de las políticas públicas no es uniforme y que una misma persona puede apoyar determinadas decisiones económicas o administrativas y cuestionar otras vinculadas con servicios sociales. En total, 14 medidas recibieron más respuestas negativas que positivas, tres obtuvieron un balance favorable y una quedó prácticamente empatada. El estudio permite observar esas diferencias sin asumir que la opinión sobre una política particular equivale necesariamente a una evaluación general del Gobierno.

La desaprobación de Milei superó el 60%: cómo se hizo la encuesta

Además de consultar sobre decisiones específicas, AtlasIntel y Bloomberg midieron la aprobación de Javier Milei, que se ubicó en el 36,2%, mientras que la desaprobación alcanzó el 60,6%. La diferencia fue de 24,4 puntos porcentuales, en un contexto donde el desempleo se convirtió en una de las principales preocupaciones económicas de los participantes. La encuesta Latam Pulse Argentina, correspondiente a la edición de octubre de 2026, fue publicada el 13 de noviembre y se realizó entre el 5 y el 9 de ese mes sobre 2.364 personas mayores de edad de todo el país. Para recolectar las respuestas, la consultora utilizó su metodología de reclutamiento digital aleatorio Atlas RDR y declaró un margen de error de dos puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%. Estos resultados representan estimaciones de opinión pública para el período relevado y no constituyen una medición de intención de voto ni permiten anticipar resultados electorales. Tampoco establecen por sí solos las causas de la desaprobación presidencial. Sin embargo, el análisis de las 18 medidas permite identificar las áreas que concentran mayores cuestionamientos entre los encuestados: medicamentos, discapacidad, obra pública, jubilaciones y universidades. Los resultados aparecen mientras el Ejecutivo y el Congreso discuten el Presupuesto 2027, que volverá a colocar el financiamiento de esas políticas en el centro del debate nacional.