Conflictos laborales: 953 casos y Buenos Aires a la cabeza

La conflictividad laboral en Argentina se intensificó durante el gobierno de Javier Milei y acumuló al menos 953 episodios entre enero de 2024 y el 5 de noviembre de 2026. Así lo reveló un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analizó despidos, suspensiones, cierres de establecimientos y otras situaciones de crisis empresarial.

El estudio, publicado el 12 de noviembre, identificó a la industria manufacturera como el sector con mayor cantidad de casos, con el 65,3% del total. Además, los despidos representaron el 53,7% de los conflictos registrados.

La provincia de Buenos Aires encabeza el relevamiento nacional, con casi tres de cada diez episodios identificados. El informe también advierte sobre una modificación en la naturaleza de los problemas laborales: durante 2026 aumentó la participación de cierres definitivos, quiebras y concursos preventivos.

Buenos Aires concentra casi el 28% de los conflictos laborales

La provincia de Buenos Aires reúne el 27,9% de los conflictos laborales registrados por el CEPA, una proporción que la ubica por encima de cualquier otra jurisdicción. El dato refleja la importancia del territorio bonaerense dentro de la actividad industrial argentina, especialmente en sectores como alimentos, textiles, metalurgia, siderurgia y producción automotriz. Detrás de Buenos Aires aparece Santa Fe, con el 10,4% de los casos, seguida por Córdoba, con el 6,9%, y La Rioja, con el 6,8%. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra el 5,7%, mientras que Tierra del Fuego representa el 4,7%. También figuran Entre Ríos, con el 3,9%; San Juan, con el 3,3%; y Tucumán, con el 3%. En conjunto, la región central integrada por Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, CABA y Entre Ríos reúne el 54,8% de los episodios identificados. La distribución muestra que los problemas laborales tienen una fuerte presencia en las principales zonas productivas del país, aunque también alcanzan a provincias con economías regionales y actividades industriales específicas. Sin embargo, las cifras representan la distribución de los casos relevados y no una tasa de conflictos por trabajador o por empresa, por lo que deben interpretarse considerando las diferencias de tamaño entre los mercados laborales provinciales.

La industria concentra el 65,3% de los casos y las pymes son las más afectadas

El informe identificó que la industria manufacturera concentra el 65,3% de los conflictos laborales, una participación considerablemente superior a la registrada en las demás actividades económicas. Los rubros más afectados son el textil, el alimenticio, el metalúrgico y el siderúrgico, que enfrentan dificultades vinculadas con la retracción del consumo y la competencia de productos importados. Según el análisis del CEPA, las transformaciones económicas de los últimos años influyeron sobre los niveles de producción, la rentabilidad y la continuidad de distintas empresas. Los servicios representan el 15,9% de los conflictos, con episodios en hotelería, gastronomía, transporte, medios de comunicación, entidades financieras y sanidad. El comercio concentra el 8,4%, especialmente por problemas en supermercados, mientras que el sector primario registra el 7,9% y la construcción, el 2,5%. Otro dato relevante es el tamaño de las empresas involucradas: las pequeñas y medianas empresas aparecen en el 41% de los casos. Les siguen los conglomerados extranjeros, con el 23,5%; las grandes empresas, con el 21,8%; los grandes grupos económicos, con el 9,7%; y las estatales, con el 4%. Además, el 74,2% de los episodios corresponde a firmas de capital nacional, frente al 24% de compañías extranjeras y el 1,7% de capital mixto.

Los despidos encabezan los reclamos y crecen los cierres de empresas

Los despidos representan el 53,7% de los conflictos laborales relevados entre enero de 2024 y noviembre de 2026, por lo que constituyen el principal motivo identificado en la base del CEPA. En segundo lugar aparecen los cierres de empresas, con el 17,5%, seguidos por las situaciones de crisis empresarial, que explican el 10,7%, y las suspensiones de trabajadores, con el 9,1%. El resto de los episodios se distribuye entre quiebras, retiros voluntarios, concursos preventivos, reclamos por condiciones laborales y paralizaciones de actividades. Estos porcentajes describen la naturaleza de los conflictos y no la cantidad de personas afectadas por cada uno. El documento también relaciona esta situación con las estadísticas de empleo registrado de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que muestran una reducción de 437.611 puestos entre noviembre de 2023 y julio de 2026, según los cálculos presentados por el centro de estudios. La pérdida de empleos tiene consecuencias que exceden a los trabajadores directamente involucrados: cuando una fábrica reduce su actividad o deja de producir, también pueden verse afectados los proveedores, los comercios cercanos y las economías locales. Desde el CEPA vinculan este escenario con la caída del consumo, la apertura de importaciones y las políticas de ajuste. Se trata de una interpretación económica del organismo que acompaña a los datos relevados, pero no permite atribuir de manera individual cada cierre o despido a una única causa.

La conflictividad aumentó después de 2025 y se agravó durante 2026

Uno de los principales hallazgos del estudio es que el promedio mensual de conflictos laborales pasó de 25 a 33 episodios entre los dos períodos analizados. Desde enero de 2024 hasta octubre de 2025, el CEPA identificó alrededor de 25 casos por mes. En cambio, entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, el promedio ascendió a 33, lo que representa un aumento del 32% en la frecuencia mensual registrada. El relevamiento también señala una modificación en la gravedad de los episodios. Durante 2024, los cierres, las quiebras y los concursos preventivos representaban el 6,2% de los conflictos incluidos en la base. Esa proporción aumentó al 17,6% durante 2025 y alcanzó el 39,9% en el transcurso de 2026. La situación fue todavía más pronunciada durante el segundo semestre de este año, cuando el 56,5% de los episodios relevados correspondió a alguna de esas tres situaciones. El CEPA identificó al menos 46 empresas que comenzaron atravesando despidos, suspensiones o problemas financieros y terminaron posteriormente en cierres de operaciones, quiebras o concursos preventivos. Estos datos sugieren que una parte de los conflictos evolucionó desde dificultades laborales inicialmente reversibles hacia problemas que comprometieron la continuidad de establecimientos productivos y fuentes de trabajo.

Granja Tres Arroyos y Dass: casos que reflejan la crisis industrial

Entre las empresas mencionadas por el informe aparecen Granja Tres Arroyos y Dass, dos casos con impacto en la provincia de Buenos Aires. La avícola Granja Tres Arroyos atravesó despidos, deudas salariales y paralizaciones de actividades en diferentes establecimientos. Durante septiembre, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria ante un conflicto que involucraba a 1.200 trabajadores de las plantas de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría, con el objetivo de abrir negociaciones para preservar los puestos laborales. Por su parte, la fabricante de calzado Dass registró despidos en Coronel Suárez y en su establecimiento de Eldorado, Misiones, que finalmente cerró durante julio de 2026. El CEPA también mencionó a Electrolux, que atravesó suspensiones y reducciones productivas en Rosario; Metalfor, que solicitó un concurso preventivo; y otras compañías como Musimundo, Unionbat y SanCor. Estos casos muestran cómo una crisis empresarial puede atravesar distintas etapas antes de comprometer definitivamente una actividad. Sin embargo, el propio CEPA aclaró una limitación importante: los 953 conflictos no representan la totalidad de los episodios laborales ocurridos en Argentina, sino aquellos identificados mediante noticias periodísticas y publicaciones sindicales. Por ese motivo, el informe debe interpretarse como un registro de situaciones que alcanzaron repercusión pública y no como un censo completo. Aun con esa limitación, el relevamiento permite observar la concentración territorial de los conflictos y el creciente peso de los cierres empresariales durante 2026.