Ley de Salud Mental: qué cambia tras la media sanción

La reforma de la Ley de Salud Mental obtuvo media sanción en el Senado durante la madrugada de este viernes 30 de octubre, después de una extensa sesión en la que el oficialismo consiguió el respaldo de distintos bloques opositores.

El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei recibió 42 votos afirmativos y 21 negativos, con modificaciones incorporadas durante las negociaciones parlamentarias para garantizar el acompañamiento de legisladores provinciales.

La iniciativa propone cambios en la Ley 26.657, vigente desde 2010, especialmente en los criterios para las internaciones involuntarias, la participación de profesionales de la salud, el abordaje de las adicciones y las obligaciones de financiamiento.

Sin embargo, las nuevas disposiciones todavía no están vigentes. La propuesta deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.

Qué cambia con las internaciones involuntarias

Uno de los puntos centrales de la reforma de la Ley de Salud Mental es la modificación de las condiciones necesarias para internar a una persona sin su consentimiento. La legislación actual ya permite estas internaciones de manera excepcional cuando existe un riesgo cierto e inminente para la propia persona o terceros. El proyecto aprobado por el Senado reemplaza ese criterio por una situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física, que deberá evaluarse considerando el estado presente del paciente, sus antecedentes y la evolución previsible sin tratamiento. La internación continuará siendo un recurso excepcional y solamente podrá utilizarse cuando no existan alternativas ambulatorias eficaces. En situaciones de emergencia, cuando haya un único médico disponible, ese profesional podrá indicar inicialmente la internación, pero la decisión tendrá que ser revisada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas. También se habilitarán teleconsultas con psiquiatras cuando no sea posible contar con su presencia física. La medida deberá notificarse a la Justicia y al Órgano de Revisión, que conservarán facultades de control.

Qué función tendrán los psiquiatras y psicólogos en los tratamientos

La composición de los equipos interdisciplinarios de salud mental fue otro de los puntos que generaron diferencias durante el debate. El proyecto original del Gobierno otorgaba mayor protagonismo a los médicos psiquiatras, una decisión que recibió cuestionamientos de representantes de la psicología y autoridades provinciales. Finalmente, el oficialismo aceptó modificaciones para preservar la intervención de profesionales de distintas disciplinas en las evaluaciones clínicas. Según el texto acordado en el Senado, las decisiones sobre internaciones deberán contar, cuando exista disponibilidad, con la participación de dos profesionales de diferentes especialidades: uno deberá ser médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, y el otro deberá pertenecer al área de psicología. La participación interdisciplinaria también estará contemplada en las decisiones sobre el alta y la continuidad de los tratamientos. El nuevo esquema busca combinar la evaluación médica con otras perspectivas profesionales, aunque su aplicación dependerá de la disponibilidad de especialistas y recursos en cada establecimiento sanitario.

La reforma incluye ludopatía y nuevos criterios de atención

Otra modificación relevante aparece en el abordaje de las adicciones y los consumos problemáticos. La Ley de Salud Mental vigente ya contempla las adicciones dentro de las políticas sanitarias, pero el proyecto amplía su definición para incorporar de manera más explícita determinadas conductas adictivas, como la ludopatía. Esto permitirá establecer criterios específicos para la atención de personas con problemas relacionados con el juego y otras conductas que requieran tratamiento. La propuesta también incorpora disposiciones para niños, niñas y adolescentes, quienes deberán recibir atención de equipos con formación en salud mental infantojuvenil y permanecer separados de los pacientes adultos durante las internaciones, salvo situaciones excepcionales justificadas. Además, establece la elaboración de un plan de egreso desde el diagnóstico, con objetivos para el alta y mecanismos que garanticen la continuidad del tratamiento. Entre los dispositivos contemplados aparecen la atención ambulatoria, los hospitales de día, las casas de convivencia y los servicios de apoyo comunitario. El texto mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios, aunque permite internaciones en hospitales especializados en psiquiatría integrados a la red sanitaria.

Financiamiento: por qué hubo diferencias entre Nación y provincias

La discusión por el financiamiento de la salud mental fue uno de los principales obstáculos que debió superar el oficialismo para conseguir la aprobación. Varios senadores cuestionaron que la reforma estableciera nuevas responsabilidades para los sistemas sanitarios provinciales sin garantizar recursos suficientes para afrontar su implementación. Entre ellos, Gerardo Zamora y Guillermo Andrada advirtieron sobre las dificultades que podrían tener las jurisdicciones para incorporar profesionales, ampliar servicios y sostener dispositivos comunitarios. Para alcanzar un acuerdo, el Gobierno aceptó incluir una disposición que establece la cooperación técnica, económica y financiera del Estado nacional con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El mecanismo contempla convenios entre las jurisdicciones, con costos estimados, aportes comprometidos, objetivos, plazos de transferencia y mecanismos de rendición de cuentas. También determina que la insuficiencia de recursos propios no podrá ser, por sí sola, motivo para negar la asistencia nacional. Sin embargo, el proyecto no fija un monto único de financiamiento y su aplicación dependerá de las previsiones presupuestarias y los acuerdos correspondientes.

Qué falta para que la nueva Ley de Salud Mental entre en vigencia

La iniciativa deberá continuar su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo necesitará reunir los votos necesarios para convertirla en ley. El respaldo obtenido en el Senado provino de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y distintos bloques provinciales, mientras que el rechazo se concentró principalmente en el justicialismo y otros sectores opositores. Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta, defendió la reforma al considerar que permitirá intervenir con mayor rapidez ante situaciones de riesgo. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, también respaldó la iniciativa y destacó la importancia de conservar mecanismos de prevención y evaluación profesional. En cambio, los legisladores que se opusieron advirtieron sobre la necesidad de garantizar recursos, infraestructura y controles suficientes para evitar que los cambios reduzcan las garantías de los pacientes. Si Diputados introduce nuevas modificaciones, el texto deberá regresar al Senado para completar el procedimiento legislativo. Hasta entonces, continuará aplicándose la Ley 26.657 con sus disposiciones vigentes.

La media sanción representa un avance legislativo importante para la reforma del sistema de atención de la salud mental en Argentina, aunque todavía quedan etapas pendientes antes de su implementación.

El proyecto busca modificar la respuesta sanitaria frente a situaciones de riesgo grave, ampliar el abordaje de las adicciones y fortalecer la participación de diferentes profesionales en los tratamientos.

Para la provincia de Buenos Aires, una de las principales cuestiones será el financiamiento de los establecimientos y dispositivos de atención, debido a las responsabilidades que asumirán los sistemas sanitarios jurisdiccionales.

La reforma todavía no es ley. Su aplicación dependerá de la decisión de Diputados y de los mecanismos presupuestarios necesarios para poner en funcionamiento las nuevas disposiciones.