Discapacidad: el Gobierno de Milei frena la restitución de 21.821 pensiones por invalidez

El Gobierno de Javier Milei dejó sin efecto este miércoles la restitución de 21.821 pensiones no contributivas por invalidez laboral en Argentina, mediante una resolución de la Secretaría Nacional de Discapacidad. La decisión alcanza a personas que habían recuperado sus prestaciones tras una medida cautelar judicial y las obliga a iniciar un nuevo trámite administrativo para acreditar su derecho al cobro.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 3695/2026, publicada el 28 de octubre en el Boletín Oficial. Un día después, este jueves 29 de octubre, el organismo emitió la Resolución 3697/2026, que modificó los canales habilitados para que los beneficiarios puedan solicitar la rehabilitación de sus pensiones.

El nuevo procedimiento representa otro capítulo del conflicto entre el Ejecutivo y las organizaciones vinculadas a la discapacidad. Además, vuelve a poner en discusión el alcance de las auditorías oficiales, la continuidad de los ingresos de las personas con invalidez y las obligaciones del Estado nacional en materia de protección social.

Qué pasará con las 21.821 pensiones por invalidez suspendidas

La resolución firmada por Diego Pablo Masaragian, titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, revocó para el grupo incluido en un anexo oficial la restitución que había dispuesto la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mediante la Resolución 13.901/2025.

Los beneficiarios alcanzados tendrán un plazo de 60 días corridos desde la notificación para presentar documentación médica actualizada, verificar sus datos personales e incorporar antecedentes que permitan demostrar que reúnen las condiciones exigidas para percibir la prestación.

Sin embargo, iniciar el trámite no significa recuperar automáticamente la pensión. Cada expediente será analizado de manera individual y la autoridad administrativa determinará si corresponde rehabilitar el pago.

Esto implica que miles de personas deberán atravesar nuevamente un proceso de evaluación para intentar recuperar un ingreso destinado a cubrir necesidades básicas, en muchos casos en contextos de vulnerabilidad económica y dificultades de acceso al empleo.

El antecedente judicial que permitió recuperar las pensiones en 2025

El conflicto tiene su origen en las auditorías realizadas durante 2025, cuando numerosos titulares de pensiones por invalidez denunciaron la suspensión de sus prestaciones y dificultades para completar los procedimientos de verificación impulsados por el Gobierno.

La situación llegó a la Justicia a través de un amparo presentado ante el Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca por el Defensor del Pueblo y otros demandantes contra la entonces ANDIS. En septiembre de 2025, el tribunal dictó una medida cautelar para restablecer las prestaciones de un grupo de beneficiarios. Posteriormente, la protección judicial se extendió a nivel nacional.

En cumplimiento de esas decisiones, el organismo dispuso la rehabilitación de pensiones mediante distintas resoluciones administrativas. Una de ellas fue la Resolución 13.901/2025, del 23 de octubre de 2025, que ahora quedó sin efecto para las 21.821 personas comprendidas en el nuevo procedimiento.

Un antecedente importante fue la decisión de la Cámara Federal de Tucumán, que en febrero de 2026 revocó una resolución dictada en aquella causa. Ese cambio en el escenario judicial aparece entre los fundamentos considerados por la Secretaría Nacional de Discapacidad para avanzar con la nueva revisión.

Qué argumenta el Gobierno de Milei sobre las auditorías por discapacidad

Desde el Ejecutivo sostienen que las auditorías tienen como objetivo verificar que las pensiones no contributivas sean cobradas por personas que efectivamente cumplen los requisitos establecidos por la normativa vigente.

En ese sentido, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió el procedimiento y aseguró que quienes reúnan las condiciones exigidas podrán continuar percibiendo el beneficio. Según explicó, los titulares tendrán la posibilidad de presentar documentación médica y socioeconómica para solicitar una nueva evaluación de sus expedientes.

Sin embargo, las organizaciones vinculadas a la discapacidad cuestionan las suspensiones generalizadas y advierten sobre las dificultades que enfrentan los beneficiarios para acceder a los controles, conseguir documentación y completar los trámites administrativos.

La discusión también gira en torno a las consecuencias económicas de las interrupciones. Para muchas personas con discapacidad, estas pensiones representan una fuente fundamental de ingresos para afrontar tratamientos, medicamentos, alimentación y otros gastos cotidianos.

Cómo reclamar la restitución de las pensiones por invalidez: los nuevos canales

La Resolución 3697/2026 modificó los mecanismos previstos inicialmente para recibir la documentación de los beneficiarios. En lugar de realizar las presentaciones presenciales en oficinas de ANSES, el Gobierno habilitó las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) del PAMI para gestionar estos pedidos.

Además, las personas alcanzadas podrán utilizar los siguientes canales:

• Dependencias habilitadas de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

• Agencias y Unidades de Gestión Local del PAMI.

• Plataforma Trámites a Distancia (TAD).

• Formulario de consultas del Ministerio de Salud.

• Correo electrónico oficial del organismo.

Los titulares deberán acompañar la documentación médica actualizada y los antecedentes necesarios para acreditar que cumplen los requisitos de acceso a la pensión.

Una vez presentada la información, la Secretaría Nacional de Discapacidad analizará cada expediente y resolverá si corresponde rehabilitar la prestación. La normativa también contempla la posibilidad de presentar recursos administrativos frente a una decisión desfavorable.

El ajuste en discapacidad y la discusión por la emergencia nacional

La decisión del Gobierno se conoció en un momento de fuerte discusión política por el financiamiento de las políticas de discapacidad en Argentina.

Una semana antes, la Cámara de Diputados había avanzado con modificaciones en la legislación del sector, en el marco de un acuerdo parlamentario entre el oficialismo y sectores de la oposición.

El debate está vinculado con la Ley 27.793, sancionada en septiembre de 2025, que declaró la emergencia nacional en discapacidad. La iniciativa busca consolidar derechos y prestaciones, además de transformar determinadas disposiciones excepcionales en obligaciones permanentes.

En paralelo, prestadores, instituciones, trabajadores y familiares vienen reclamando una actualización de los aranceles, continuidad de los servicios y mayores garantías para el funcionamiento del sistema de atención.

En ese escenario, la decisión de volver a revisar casi 22 mil pensiones suma un nuevo foco de tensión política para la administración de Javier Milei. Mientras el Ejecutivo defiende los controles como una herramienta para ordenar el sistema, los sectores vinculados a la discapacidad advierten sobre el riesgo de que las revisiones administrativas terminen dejando sin ingresos a personas que necesitan asistencia económica y prestaciones específicas.

La controversia, por lo tanto, excede una discusión administrativa: pone en el centro del debate el alcance de las políticas de ajuste, la protección de los sectores vulnerables y la responsabilidad del Estado nacional en garantizar los derechos de las personas con discapacidad.