San Martín: advirtió que un pino podía caer sobre su casa, el municipio no actuó y deberá indemnizarlo con más de $7 millones

?Un fallo judicial en el ámbito contencioso administrativo sentó un nuevo precedente sobre la responsabilidad estatal por omisión en el mantenimiento y control del arbolado público. La Justicia confirmó la condena contra un municipio tras el trágico impacto de un pino de gran porte que colapsó dentro de una propiedad privada, provocando severos destrozos materiales en las instalaciones y aplastando un vehículo.

Imagen ilustrativa

?Los reclamos ignorados y la prohibición de intervenir por cuenta propia

?El expediente judicial detalló una secuencia de advertencias desatendidas por las áreas técnicas de la comuna:

• ?Advertencia previa: El propietario del inmueble había presentado reiterados reclamos formales alertando sobre el avanzado deterioro y el inminente riesgo de derrumbe del ejemplar arbóreo emplazado en la zona.
• ?La traba legal: Uno de los ejes centrales del litigio radicó en la normativa local que prohíbe a los particulares talar o modificar especies de gran porte sin la autorización y ejecución exclusiva del municipio. Ante esta restricción, el vecino quedó imposibilitado de remover el árbol por sus propios medios sin exponerse a fuertes sanciones administrativas.
• ?El colapso: Ante la inacción estatal, el pino terminó cediendo y cayó de lleno sobre el domicilio, destruyendo instalaciones edilicias y destrozando por completo el automóvil que se encontraba en el lugar.

?El fallo de la Cámara y el desglose de la indemnización

?Tras transitar las distintas instancias del proceso, la Cámara de Apelaciones ratificó la responsabilidad objetiva del Estado comunal por omisión en el ejercicio del poder de policía y falta de diligencia ante una situación de peligro latente debidamente notificada.

• ?Resarcimiento económico: La resolución judicial fijó una indemnización total estimada en $7.200.000, la cual contempla una compensación de $5.200.000 por los daños materiales sufridos en la vivienda y el rodado, sumados a $2.000.000 en concepto de daño moral.
• ?Actualización e intereses: A los montos establecidos se les aplicarán los intereses y las actualizaciones correspondientes -incluyendo parámetros vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC)- hasta el efectivo pago por parte de la administración municipal.

?Los magistrados concluyeron que el Estado local no puede desentenderse de sus obligaciones ni trasladar al ciudadano las consecuencias negativas de su propia negligencia operativa.