Privatización de AySA: el Gobierno oficializó la venta de la empresa de agua a manos privadas por USD 340 millones

El Gobierno nacional formalizó este jueves 8 de octubre la privatización de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) mediante una adjudicación por USD 340 millones a un consorcio privado internacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La operación, gestionada bajo el programa de reformas estructurales y desregulación económica impulsado por el Poder Ejecutivo, traspasa la operación y el mantenimiento de la red de agua potable y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida resulta de trascendental importancia política y económica para la República Argentina, ya que marca el retorno de los servicios sanitarios al sector privado tras dos décadas de administración estatal.

Qué pasó con la privatización de AySA y por qué genera polémica la venta por USD 340 millones

La venta de AySA por 340 millones de dólares se concretó tras la apertura de los pliegos licitatorios coordinada por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Empresas Públicas. El pliego adjudicado establece un plan de inversiones obligatorias en infraestructura para mejorar la presión del suministro, ampliar la cobertura de red cloacal en el Conurbano bonaerense y optimizar la eficiencia de las plantas potabilizadoras General San Martín y General Belgrano.

Sin embargo, la medida genera una intensa controversia política y social. Mientras desde la Casa Rosada celebran la quita de subsidios estatales y el ingreso de divisas a las reservas del Banco Central, la oposición parlamentaria y las organizaciones de usuarios advierten sobre un inminente cuadro tarifario con aumentos en las boletas mensuales de agua para los hogares de la Ciudad de Buenos Aires y de los 26 partidos del Gran Buenos Aires abastecidos por la firma.

Quiénes están involucrados en la privatización y el traspaso del servicio de agua en Argentina

El histórico traspaso de la mayor prestadora de agua y saneamiento del país involucra a los principales actores del ámbito público, privado y sindical:

• El Gobierno Nacional y el Ministerio de Economía: Diseñaron el marco regulatorio del pliego y encabezaron el proceso de licitación pública dentro del plan de privatizaciones del Estado.

• El Consorcio Privado Adjudicatario: Grupo operador con experiencia internacional en servicios públicos que asumirá el control operativo y los planes de inversión en el AMBA.

• El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS): Representación gremial que negocia garantías de estabilidad laboral y el mantenimiento del convenio colectivo de trabajo para los miles de operarios de la empresa.

El impacto político y las consecuencias económicas de la privatización de AySA

La privatización de AySA representa una de las reformas de mayor envergadura económica del Gabinete nacional en materia de servicios públicos. Desde el aspecto presupuestario, la salida de la compañía del régimen de asistencia financiera estatal elimina millonarios aportes del Tesoro destinados al funcionamiento operativo y al financiamiento de obras públicas en la provincia de Buenos Aires.

En el plano político, el traspaso a manos privadas reabre el debate en el Congreso de la Nación respecto a la fiscalización del Ente Regulador de Agua y Sanidad (ERAS) y el marco de control sobre las metas de calidad, los niveles tarifarios y el cumplimiento del plan de obras acordado por la nueva empresa concesionaria.

Antecedentes de la estatización y privatización del servicio de agua en el país

La historia de la prestación sanitaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires registra profundos cambios estructurales en las últimas décadas. Tras la privatización de Obras Sanitarias de la Nación en los años noventa bajo la concesión de Aguas Argentinas, el Estado nacional rescindió dicho contrato en el año 2006 para reestatizar el servicio bajo la figura societaria de AySA.

Luego de 20 años de gestión estatal directa, el Poder Ejecutivo ratificó la vuelta del capital privado al sector de agua y saneamiento, cerrando un proceso de venta por USD 340 millones que redefine el mapa de los servicios públicos en la República Argentina.