07/10/2026
La Justicia imputó a dos adolescentes acusados de utilizar herramientas de IA para manipular fotografías de alumnas de su institución educativa. La causa por producción y comercialización de material explícito sin consentimiento conmociona a la comunidad escolar.
La Justicia imputó este miércoles a dos estudiantes secundarios acusados de manipular fotografías mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para generar imágenes explícitas falsas de casi 40 compañeras de colegio y comercializarlas en sitios para adultos. El grave episodio, detectado dentro de la comunidad de una institución educativa del país, derivó en una investigación penal encabezada por fiscalías especializadas en ciberdelitos. El avance judicial marca un hito institucional en Argentina, ya que visibiliza los vacíos normativos, los riesgos de la violencia digital de género entre menores y la urgencia de regular los usos maliciosos de la tecnología en el ámbito escolar.
La maniobra comenzó cuando los alumnos utilizaron retratos de las adolescentes tomados de sus perfiles públicos en redes sociales para procesarlos mediante aplicaciones de Inteligencia Artificial conocidas como deepfakes. Estas herramientas permitieron alterar las fotos originales y crear desnudos digitales de apariencia hiperrealista sin el consentimiento ni la autorización de las jóvenes.
Posteriormente, los imputados crearon perfiles anónimos en plataformas y foros de contenido para adultos donde ofrecían los archivos modificados a cambio de dinero en billeteras virtuales. El hecho salió a la luz cuando una de las víctimas descubrió el material circulando en internet y dio aviso a las autoridades del establecimiento educativo y a sus padres, desencadenando la denuncia penal correspondiente.

El expediente penal abarca a diversos actores del ámbito judicial, escolar y tecnológico:
Los dos alumnos imputados: Estudiantes de nivel secundario que enfrentan cargos por vulneración de la intimidad, difusión no consentida de imágenes íntimas y posible producción de material explícito que involucra a menores de edad.
Casi 40 alumnas damnificadas y sus familias: Quienes se presentaron como querellantes para exigir el borrado definitivo del material en la web y la aplicación de sanciones penalmente ejemplares.
La Fiscalía Especializada en Ciberdelitos y Grooming: Organismo judicial a cargo de allanar las viviendas de los acusados, secuestrar computadoras, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento masivo para peritar los archivos.
La imputación de los dos estudiantes desató un profundo debate entre especialistas en ciberseguridad, educadores y legisladores sobre la necesidad de actualizar el Código Penal de la República Argentina frente a los delitos cometidos mediante Inteligencia Artificial. Actualmente, las víctimas de violencia digital suelen enfrentar dificultades procesales debido a que la tipificación penal tradicional no abarca con precisión los falsos contenidos generados de forma algorítmica.
A nivel institucional, los ministerios de Educación de las provincias argentinas comenzaron a diseñar protocolos de contingencia y prevención para abordar el ciberacoso y el uso ético de la tecnología en las aulas, al tiempo que gabinetes de psicopedagogía brindan acompañamiento emocional a las alumnas afectadas y a sus familias.
El secuestro del equipamiento informático permitirá a los peritos de la Policía Científica determinar la extensión de las ventas digitales, la cantidad exacta de material generado y las transacciones monetarias efectuadas a través de criptomonedas o aplicaciones de pago.
Con la causa judicial en plena fase de instrucción preliminar, los fiscales analizan si las conductas tipifican figuras penales gravísimas, mientras la institución educativa evalúa aplicar sanciones disciplinarias severas que contemplan la expulsión de los estudiantes imputados de la comunidad escolar.
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