Baja de imputabilidad: PBA prevé más jóvenes detenidos

La baja de la edad de imputabilidad comenzó a generar un impacto directo sobre el sistema penal juvenil bonaerense. La provincia de Buenos Aires concentra actualmente el 63% de la población menor de 18 años privada de su libertad en todo el país y proyecta un fuerte crecimiento de los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen durante los próximos meses.

José Luis Zerillo, subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense, señaló que actualmente existen 677 jóvenes bajo tutela estatal y advirtió que una investigación desarrollada junto con el CONICET y la Universidad Nacional de San Martín proyecta un incremento de hasta el 75% en los próximos 12 meses.

El escenario obligó a acelerar obras de infraestructura y abrió un debate sobre cómo evitar que el aumento de causas penales juveniles derive en situaciones de hacinamiento.

Buenos Aires concentra el 63% de los menores privados de libertad

La magnitud del desafío aparece en un dato central: según las cifras expuestas por Zerillo, la provincia de Buenos Aires concentra el 63% de los menores de 18 años privados de su libertad de toda la Argentina. La situación adquiere mayor relevancia después de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que extendió la responsabilidad penal a adolescentes desde los 14 años. Zerillo cuestionó que la modificación haya sido definida a nivel nacional mientras son las provincias las que deben disponer de establecimientos, personal especializado, programas educativos y recursos para ejecutar las decisiones judiciales. La propia Ley 27.801 establece que el sistema alcanza a adolescentes de entre 14 y 17 años y fija como objetivos la educación, resocialización e integración social.

Prevén un fuerte aumento de jóvenes dentro del sistema penal

Actualmente hay 677 adolescentes bajo tutela estatal en territorio bonaerense y la proyección presentada por el funcionario anticipa una expansión significativa durante el próximo año. Zerillo habló de un crecimiento de hasta el 75% y señaló que el universo de jóvenes atendidos por el sistema podría acercarse al millar. El aumento no estaría explicado únicamente por la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años: también influiría la ampliación de las conductas que ahora pueden quedar sometidas al régimen penal. Como ejemplo, mencionó hurtos de objetos de escaso valor o amenazas realizadas dentro de una escuela. Sin embargo, que una conducta sea punible no implica que necesariamente termine en encierro: la normativa contempla amonestaciones, tareas comunitarias, monitoreo electrónico, reparación del daño y otras alternativas, mientras la privación de libertad requiere una resolución judicial fundada.

Ya ingresaron adolescentes de 14 y 15 años al nuevo régimen

A pocas semanas de comenzar la aplicación del nuevo esquema, alrededor de 15 adolescentes de 14 y 15 años ya habrían pasado por el sistema bonaerense por disposición judicial, según los datos brindados por Zerillo. La nueva legislación modificó una frontera que durante décadas había dejado a los menores de 16 años fuera del régimen penal anterior y obliga ahora a las estructuras provinciales a responder ante una franja etaria que hasta septiembre no estaba incluida de la misma forma. El cambio no supone únicamente sumar lugares de alojamiento: los dispositivos deben contar con operadores especializados y garantizar atención sanitaria, educativa, psicológica y social. La ley nacional también establece que los adolescentes privados de libertad no pueden ser alojados junto con adultos y reconoce expresamente el derecho a recibir formación educativa y capacitación laboral.

Qué obras se preparan ante el aumento de la demanda

La ampliación del sistema incluye un nuevo complejo en Abasto, La Plata, donde ya fue inaugurado un primer módulo y está previsto desarrollar cinco áreas de alojamiento, enfermería, una escuela y espacios deportivos y recreativos. El plan también contempla la remodelación integral del predio Nueva Esperanza y del centro de recepción platense, la ampliación del dispositivo existente en Lomas de Zamora y la recuperación de una sede ubicada en Virrey del Pino que había sido cedida al sistema penitenciario de adultos. En paralelo, la situación de algunos centros quedó bajo observación judicial por las condiciones de alojamiento. En Lomas de Zamora, por ejemplo, se realizaron obras vinculadas con el acceso al agua corriente, reparación de calderas, controles sobre la alimentación e incorporación de personal. El objetivo es aumentar la capacidad sin deteriorar las condiciones en las que permanecen los adolescentes.

Menos participación juvenil en delitos pero más presión sobre el sistema

Otro dato planteado por Zerillo abre el debate sobre el alcance de la política penal juvenil. Según estadísticas de la Procuración General citadas por el funcionario, la participación de menores de 18 años sobre el total de delitos habría descendido del 4,2% en 2012 al 2,1% en la actualidad. Al mismo tiempo, advierte que la cantidad de jóvenes sometidos a medidas de privación de libertad mantiene una presión creciente. Frente a ese escenario, sostuvo que el desafío será evitar que la ampliación de la respuesta penal termine únicamente en más encierro y reclamó sostener herramientas educativas y de formación laboral. De acuerdo con sus cifras, actualmente la totalidad de los jóvenes privados de libertad dentro del sistema bonaerense tiene acceso a educación primaria o secundaria y a talleres de capacitación.

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad entra así en una nueva etapa: después del debate legislativo aparece el problema concreto de cómo aplicar la norma. En Buenos Aires, donde ya se concentra buena parte de los adolescentes privados de libertad del país, el interrogante pasa por si la infraestructura, el personal y los programas de reinserción podrán acompañar el crecimiento esperado.

El nuevo régimen establece que la detención debe estar orientada a la educación, la formación y la reinserción social de los adolescentes. El desafío será que ese principio pueda sostenerse si efectivamente aumenta de forma considerable la cantidad de jóvenes que ingresan al sistema.