Hay historias que se cuentan con estadísticas. Y hay otras que se cuentan con diez billetes. Esta empieza en una clínica de la zona sur del Gran Buenos Aires. Un jubilado necesita hacerse una tomografía. Tiene la indicación médica. Tiene su cobertura. Tiene la necesidad de hacerse el estudio. Lo que no tiene son $45.000. Ese es el monto que, según la denuncia recibida por El Bonaerense, le reclaman para realizarle el estudio. El hombre responde lo que puede responder alguien que vive con una jubilación que apenas alcanza para sobrevivir: No tengo la plata.
Entonces llega una pregunta que resume una parte brutal de la Argentina de estos días: ¿Cuánto tiene? El jubilado cuenta el dinero que lleva encima. Tiene $10.000. Bueno, deme eso. Y ahí termina la discusión. No hubo una negociación de aranceles. No hubo una explicación sobre una cobertura. No hubo una solución institucional. Hubo diez mil pesos. Y un jubilado que necesitaba una tomografía.
La denuncia que llegó a El Bonaerense
Este medio accedió a un testimonio que denuncia cobros en efectivo a jubilados en clínicas de la zona sur, tanto por consultas como por determinadas prácticas y cirugías.
Según el relato, cuando el paciente abona en efectivo recibe un comprobante que consiste en un simple recibo, sin que en el caso denunciado aparezcan firma u otros elementos que permitan identificar claramente quién recibió el dinero. El Bonaerense presenta esta denuncia como un primer caso que merece ser investigado, no como una afirmación de que todas las clínicas ni todos los prestadores actúen de esa manera.
La diferencia es importante. Porque una cosa es denunciar una situación concreta. Y otra muy distinta es generalizarla. Pero también sería un error mirar para otro lado. Porque detrás de esos $10.000 hay una pregunta mucho más grande:
¿Qué hace un jubilado que no tiene ni siquiera esos diez mil pesos?
La escena que explica una crisis entera
La Argentina suele discutir la economía desde números que parecen lejanos. Inflación. Déficit. Poder adquisitivo. Jubilaciones. Gasto público. Presupuesto. Pero la crisis también tiene otra unidad de medida. Una tomografía. Y tiene otra. $45.000. Y otra todavía más pequeña. $10.000. Esos diez mil pesos son los que aparecen cuando una persona mayor necesita atención médica y no puede pagar el monto que le reclaman. Son los mismos diez mil pesos que después faltan para comprar medicamentos.
Para completar la comida. Para pagar el transporte. Para llegar a fin de mes. Por eso esta historia no habla solamente de salud. Habla de pobreza. Habla de vejez. Habla de dignidad. Y habla de un sistema en el que el jubilado muchas veces queda atrapado entre las necesidades del prestador, las dificultades del sistema sanitario y una billetera que ya no aguanta otra exigencia.
Jubilados: el sector que siempre puede esperar
Hay algo particularmente cruel en la situación. El jubilado puede esperar para casi todo. Puede esperar una mejora de sus haberes. Puede esperar un turno. Puede esperar una respuesta administrativa. Puede esperar que bajen los medicamentos. Puede esperar que aumente el bono. Puede esperar que alguien discuta su situación. Pero hay algo para lo que no siempre puede esperar: una enfermedad.
Una tomografía no se hace porque sobra dinero. Se hace porque un médico la indicó. Una cirugía no aparece en la agenda porque alguien decidió darse un gusto. Aparece porque existe un problema de salud. Y cuando el paciente tiene 70, 75 u 80 años, muchas veces tampoco tiene capacidad para salir a buscar otra alternativa. Por eso la discusión sobre los cobros adicionales tiene una dimensión social que excede ampliamente el mostrador de una clínica.
PAMI sabe que el cobro de "plus" existe
El problema tampoco es completamente desconocido para el sistema. PAMI cuenta con mecanismos específicos para denunciar a prestadores que intenten cobrar sumas adicionales a sus afiliados. La propia Unidad Fiscal de Investigaciones de PAMI incluye entre los hechos denunciables los casos de cobro de plus a afiliados. Y el organismo informó en 2026 que sus auditorías habían derivado en la baja de más de 1.500 prestadores por diferentes irregularidades, entre ellas cobros indebidos a afiliados y prestaciones inexistentes.
Es decir, el problema existe dentro de los propios registros del organismo. La discusión ahora es otra: ¿Cuántos jubilados pagan y nunca denuncian?
El Bona
