01/10/2026
AySA presentó una reforma del régimen tarifario que será debatida en audiencia pública el 26 de octubre. El 60% de los hogares alcanzados tendría aumentos promedio del 22,6%, mientras que otro 20% pagaría menos y el resto mantendría sin cambios su factura.
Una nueva modificación en las tarifas de AySA podría afectar las facturas de millones de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La empresa presentó una propuesta para reformar los coeficientes utilizados para calcular el servicio y estimó que seis de cada diez hogares alcanzados tendrían aumentos promedio del 22,6%.
Los cambios todavía no están aprobados. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) convocó a una audiencia pública para el próximo 26 de octubre a las 10, que se realizará de manera virtual y será transmitida por streaming.
La discusión se produce además mientras avanza el proceso de privatización de la compañía y supone una revisión profunda de un esquema tarifario que, según los fundamentos presentados, mantiene elementos diseñados hace más de cuatro décadas.
La propuesta de AySA busca modificar principalmente los coeficientes zonales utilizados para calcular las facturas de aquellos usuarios que no tienen un servicio medido. Actualmente existen 11 categorías, con valores que van desde 1,10 hasta 3,50, y el proyecto pretende reducirlas a cinco niveles, comprendidos entre 0,75 y 2,75. También se plantea modificar el precio del metro cúbico correspondiente al servicio de desagües cloacales en el denominado radio antiguo de la Ciudad de Buenos Aires e incorporar el cobro relacionado con los desagües pluviales. Al mismo tiempo, se establecerían criterios específicos para asentamientos populares y urbanizaciones cerradas.

El mayor impacto aparecería entre los usuarios residenciales. Según las estimaciones realizadas con valores tarifarios de septiembre, el 60% de los hogares tendría aumentos y dentro de ese grupo la suba promedio sería del 22,6%. Otro 20% mantendría su factura sin modificaciones, mientras que el 20% restante tendría reducciones que alcanzarían, en promedio, el 14,7%. Considerando en conjunto a todo el segmento residencial, AySA calcula que la factura media sin impuestos aumentaría un 11,4%: pasaría de $27.156 a aproximadamente $30.250 mensuales. Los porcentajes finales, sin embargo, dependerán de la zona y de las características tarifarias correspondientes a cada inmueble.

Para evitar que la modificación produzca incrementos concentrados en una sola factura, el proyecto propone implementar las nuevas categorías de manera progresiva. Los cambios en los cargos zonales tendrían un límite de aumento mensual del 5% acumulativo hasta alcanzar el valor correspondiente al nuevo esquema. Además, los usuarios que actualmente pertenecen a zonas con un subsidio adicional del 15% y que dejen de cumplir las condiciones para recibirlo no lo perderían inmediatamente: la quita se realizaría en tres etapas de igual proporción. De esta manera, aunque algunos hogares terminarían afrontando incrementos superiores al promedio general, el traslado del nuevo valor a la factura se distribuiría durante varios períodos.
La propuesta presenta un escenario diferente para los usuarios no residenciales. Entre comercios, industrias e instituciones se calcula una reducción promedio de la tarifa de AySA del 2,2%, con una factura media que bajaría de $137.807 a $134.812 sin impuestos. Dentro de este segmento, el 63% no tendría modificaciones, un 22% registraría reducciones promedio del 24,6% y el 15% restante afrontaría aumentos de alrededor del 26,5%. Para los terrenos baldíos, en cambio, se proyecta una suba promedio general del 7,6%, llevando la factura mensual estimada de $17.822 a $19.172. En ese grupo, el 37% tendría incrementos, el 58% permanecería sin cambios y un 5% pagaría menos.
Antes de que pueda avanzar el nuevo régimen, la propuesta será analizada en una audiencia pública el 26 de octubre, convocada oficialmente mediante la Resolución 41/2026. La instancia permitirá discutir los cambios en los coeficientes zonales, la distribución del impacto entre los distintos tipos de usuarios y el destino de la recaudación adicional. Según las estimaciones presentadas, el conjunto de las modificaciones permitiría incrementar los ingresos en un 7,3%, equivalente a unos $140.057 millones tomando como referencia las tarifas de septiembre. La propuesta establece que ese excedente sea destinado al programa de tarifa social, con la intención de ampliar la cantidad de beneficiarios y la cobertura en barrios populares.
Hasta que finalice el procedimiento regulatorio, los incrementos del 22,6% no deben interpretarse como una nueva tarifa general ya vigente. Se trata del aumento promedio que tendría el 60% de los usuarios residenciales alcanzados si finalmente se aprueba el esquema presentado.
La audiencia del 26 de octubre será, por lo tanto, una instancia clave para determinar cómo quedará conformado el régimen y qué impacto tendrá efectivamente sobre las facturas de agua y cloacas de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires.
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