29/09/2026
Politica
Psicólogos anunciaron una nueva medida de fuerza, afiliados llevaron reclamos a La Plata y la Justicia volvió a intervenir por coberturas vinculadas con discapacidad. La oposición también profundizó sus pedidos de informes en la Legislatura.
La crisis del IOMA sumó nuevos frentes de conflicto por atrasos en pagos, dificultades prestacionales y causas judiciales vinculadas con distintas coberturas. A los reclamos de afiliados y prestadores se agregaron ahora una medida de fuerza de psicólogos y mayor presión política sobre la conducción de la obra social bonaerense.
El escenario combina demandas por honorarios, medicamentos, tratamientos, discapacidad y convenios con prestadores, mientras distintos bloques opositores buscan trasladar la discusión hacia la Legislatura provincial.
El conflicto más inmediato se producirá el viernes 2 de octubre, cuando psicólogos prestadores suspenderán durante una jornada la atención a afiliados de IOMA.
La medida fue convocada para reclamar honorarios correspondientes a junio, julio y agosto.
Será la tercera protesta del sector durante 2026.
El Colegio de Psicólogos bonaerense sostiene que todavía existen prestaciones impagas de manera total o parcial.
Además de cancelar las deudas acumuladas, reclama regularizar los mecanismos de liquidación para evitar nuevos atrasos.
La situación genera preocupación porque muchos pacientes necesitan tratamientos continuos que pueden verse afectados por los conflictos entre prestadores y la obra social.
El senador provincial del PRO Pablo Petrecca cuestionó al Gobierno bonaerense por el conflicto con los profesionales.
El legislador vinculó la situación con las políticas provinciales de prevención del suicidio y planteó que las campañas deben estar acompañadas por un sistema de atención estable.
"Prevenir también es construir un sistema que funcione todos los días, garantizar profesionales, sostener los tratamientos y hacer que el Estado cumpla con quienes atienden a los bonaerenses".
En paralelo, una causa judicial por el traslado de una niña con discapacidad sumó presión sobre el organismo.
El caso se inició por diferencias entre el monto reconocido por IOMA para un transporte especial y el valor solicitado por el prestador que habitualmente realizaba los viajes al Centro de Día.
La discusión llegó a la Justicia ante el riesgo de que se interrumpiera el servicio.
El Juzgado de Familia N°6 de Lomas de Zamora ordenó regularizar el pago.
Posteriormente, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó que el traslado debía mantenerse de manera integral mientras continuara la indicación de los médicos tratantes.
Fiscalía de Estado llevó luego el expediente ante la Suprema Corte bonaerense.
La Provincia sostuvo que IOMA nunca había negado la prestación y que el conflicto se limitaba al valor que debía reconocerse.
Sin embargo, el procurador general Julio Conte Grand dictaminó que el recurso presentado por Fiscalía de Estado debía ser rechazado.
Entre los elementos considerados aparecen la dependencia de la niña respecto del servicio y el vínculo construido durante años con quien realiza los traslados.
Otro frente se abrió con la movilización realizada el viernes 25 de septiembre frente a la sede central de IOMA.
Afiliados nucleados en IOMA Organizados reunieron firmas para acompañar una presentación formal.
Entre los principales reclamos aparecen:
Acceso a medicamentos.
Tratamientos médicos.
Internación domiciliaria.
Prestaciones por discapacidad.
Pagos a profesionales.
Cumplimiento de resoluciones judiciales.
General Pueyrredón aparece como uno de los distritos donde los reclamos adquirieron mayor dimensión.
La zona reúne alrededor de 77.000 afiliados, una cifra que supera los 100.000 al considerar su área de influencia.
Allí persisten cuestionamientos vinculados con convenios con clínicas, autorizaciones, insumos y acceso a prestaciones.
Desde el Concejo Deliberante de General Pueyrredón, sectores del PRO, la UCR y la Coalición Cívica impulsaron pedidos de informes.
La discusión también alcanzó a la Cámara de Diputados bonaerense, donde legisladores opositores promovieron la citación del presidente de IOMA, Homero Giles, y de funcionarios del Ministerio de Salud.
El objetivo es que expliquen el funcionamiento prestacional y la situación financiera del organismo.
Entre las propuestas opositoras reapareció el reclamo para restituir la autarquía financiera de IOMA.
También se plantearon mayores controles sobre el sistema de policonsultorios privados.
Ese modelo ya había quedado bajo cuestionamiento político y judicial en otros expedientes.
El conflicto no se limita a afiliados y profesionales.
Intendentes de distintos espacios políticos vienen reclamando deudas por prestaciones realizadas en hospitales municipales.
Uno de esos expedientes, iniciado por el municipio de 25 de Mayo, avanzó judicialmente hasta una instancia de embargo.
Desde la administración provincial atribuyen parte de los problemas al aumento de los costos médicos y al contexto económico nacional.
IOMA, por su parte, defiende su red de atención y el esquema de policonsultorios.
El organismo sostiene que brinda cobertura a más de 2,1 millones de afiliados en toda la provincia de Buenos Aires.
La situación de la obra social reúne actualmente disputas prestacionales, salariales, judiciales y políticas.
Mientras los psicólogos preparan una nueva medida de fuerza, continúan los reclamos por discapacidad, medicamentos, pagos a profesionales y deudas con municipios.
El avance de expedientes judiciales y la llegada de esos cuestionamientos a la Legislatura agregan presión sobre la conducción del IOMA, que deberá responder a múltiples frentes durante las próximas semanas.
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