14/09/2026
Politica
Funcionarios de Seguridad, Justicia y Niñez deberán presentarse este miércoles ante la Justicia para detallar cómo se adaptó el sistema bonaerense al nuevo Régimen Penal Juvenil. La Provincia exhibirá obras y nuevas plazas, mientras sigue vigente la disputa judicial por la implementación.
La aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires tendrá este miércoles una instancia clave. Funcionarios provinciales deberán explicar ante la Justicia qué medidas adoptaron para recibir a adolescentes de 14 y 15 años alcanzados por la Ley 27.801 y qué capacidad concreta tiene actualmente el sistema.
La audiencia se realizará a las 10 y estará atravesada por una discusión central: si la Provincia cuenta con infraestructura, equipos profesionales y dispositivos suficientes para aplicar el nuevo régimen sin generar condiciones de hacinamiento o vulneración de derechos.
La convocatoria se produce después de que Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, suspendiera preventivamente durante 60 días la aplicación de la nueva normativa en territorio bonaerense.
La jueza intervino a partir de un habeas corpus preventivo colectivo impulsado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
El planteo puso el foco en las condiciones materiales, institucionales y profesionales disponibles ante la incorporación al sistema penal juvenil de adolescentes de 14 y 15 años.
La Ley 27.801 fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero y promulgada posteriormente en marzo.
La normativa establece responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir 18, dentro de un régimen diferenciado del sistema para adultos.
También contempla medidas alternativas al encierro y establece que la privación de la libertad debe funcionar como una herramienta excepcional.
La reglamentación nacional fue aprobada a comienzos de septiembre.
El Gobierno bonaerense llegará a la audiencia con datos sobre la capacidad actual del sistema.
El subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil, José Luis Zerillo, informó que existen actualmente 348 plazas destinadas específicamente a adolescentes.
Desde la administración provincial sostienen que no buscan desconocer la nueva ley, sino garantizar que su aplicación pueda hacerse sin hacinamiento y con establecimientos adecuados para menores de edad.
Uno de los principales proyectos de ampliación se desarrolla en Abasto, partido de La Plata.
El complejo contará con seis módulos: cinco destinados a alojamiento y uno a enfermería.
El plan también contempla una escuela interna y una cancha multipropósito.
Una vez finalizado, permitirá incorporar 100 nuevas plazas, distribuidas en cinco módulos con capacidad para 20 adolescentes cada uno.
La Provincia trabaja además sobre otros establecimientos.
Dos módulos antiguos que habían dejado de utilizarse por su deterioro se encuentran bajo un proceso de refacción integral, con terminaciones previstas entre enero y febrero.
También está prevista la recuperación de un predio del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia ubicado en La Matanza.
El Ejecutivo proyecta adecuarlo al sistema de responsabilidad penal juvenil y tenerlo disponible durante enero.
Uno de los cuestionamientos de la administración de Axel Kicillof es que la reforma nacional fue sancionada sin una partida específica destinada a financiar las adaptaciones provinciales.
La Provincia sostiene que reducir la edad de responsabilidad penal implica ampliar infraestructura, equipos interdisciplinarios, programas educativos y dispositivos alternativos al encierro.
Zerillo sintetizó esa postura al advertir:
"No nos vamos a resignar a que la discusión sea cómo amontonar jóvenes".
El funcionario planteó que el nuevo régimen debe garantizar condiciones compatibles con educación, asistencia profesional y reinserción.
Uno de los puntos centrales será establecer si existe capacidad institucional más allá de la infraestructura física.
La Justicia requerirá información sobre equipos profesionales, centros especializados, programas de seguimiento y alternativas a la privación de libertad.
La propia Ley 27.801 contempla intervención interdisciplinaria y mecanismos diferenciados para adolescentes, por lo que la cantidad de plazas constituye solamente una parte del esquema necesario.
Los datos disponibles utilizan universos diferentes.
Las 348 plazas informadas por la Subsecretaría corresponden específicamente al sistema provincial de responsabilidad penal juvenil.
Por otro lado, estadísticas de la Comisión Provincial por la Memoria mencionadas en distintos relevamientos contabilizan 1.530 jóvenes bajo diferentes modalidades de privación de libertad.
Ese universo incluye establecimientos penitenciarios, arrestos domiciliarios, prisiones domiciliarias y otras situaciones.
La distinción será importante para calcular qué impacto concreto tendría la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años.
Mientras se organiza la audiencia, la cautelar dictada por Pascual está siendo revisada por una instancia superior.
El fiscal Hernán Ceruti, del fuero penal juvenil de Lomas de Zamora, apeló la decisión.
Ahora la Cámara deberá resolver si corresponde mantener la suspensión durante los 60 días establecidos o permitir que la nueva legislación comience a aplicarse.
La decisión judicial también derivó en una disputa política.
Se presentaron pedidos de jury contra Pascual impulsados por el diputado provincial Manuel Passaglia, el senador del PRO Guillermo Montenegro y el abogado Alfredo Drocchi.
Además, dirigentes de La Libertad Avanza cuestionaron la resolución y la organización Usina de la Justicia promovió una denuncia penal.
Esas presentaciones deberán seguir sus respectivos procedimientos y no implican por sí mismas responsabilidad de la magistrada.
El debate llegó además a la Legislatura bonaerense.
El PRO reactivó una iniciativa para adecuar la normativa provincial al nuevo régimen nacional.
Por su parte, el senador Pablo Petrecca presentó un pedido de informes para conocer la capacidad y ocupación de los centros, las obras previstas, los protocolos ante una eventual falta de plazas y la situación de los equipos profesionales.
La audiencia prevista para este miércoles 16 de septiembre pondrá bajo examen la capacidad real de la provincia de Buenos Aires para aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil.
La discusión no estará centrada solamente en la reducción de la edad de responsabilidad penal, sino también en las condiciones concretas que debería ofrecer el Estado para cumplir la ley.
Con una cautelar todavía en revisión, obras en marcha y 348 plazas actualmente disponibles, la Justicia buscará determinar si el sistema bonaerense está preparado para incorporar a los adolescentes de 14 y 15 años alcanzados por la nueva normativa.
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