Tres pedidos de juicio político contra la jueza que frenó la baja de la edad de imputabilidad

A cuatro días de la resolución que suspendió la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, la jueza de Menores de Lomas de Zamora Marta Pascual enfrenta tres pedidos de juicio político.

Las presentaciones fueron ingresadas ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento del Senado bonaerense y plantean un supuesto "mal desempeño en sus funciones".

Los pedidos llevan las firmas del diputado provincial Manuel Passaglia, de Hechos; el senador Guillermo Montenegro, del PRO; y el abogado bonaerense Alfredo Drocchi.

Por qué Pascual suspendió la nueva ley

La jueza dictó una medida cautelar en el expediente "Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo".

La resolución dispuso suspender preventivamente la aplicación de la Ley Nacional 27.801 durante 60 días en todo el territorio bonaerense.

La norma establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y fija en 14 años la edad de imputabilidad, frente a los 16 años establecidos previamente.

El régimen fue sancionado en febrero de este año por iniciativa del Gobierno nacional e incluyó un período de transición de 180 días para que las distintas jurisdicciones adecuaran sus estructuras.

La audiencia convocada para septiembre

En su resolución, Pascual convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10.

En esa instancia deberán participar funcionarios bonaerenses de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez, quienes deberán informar qué medidas adoptaron y cuáles prevén implementar frente al nuevo régimen.

También existe una denuncia penal

La controversia alrededor de la magistrada también derivó en una presentación judicial.

La ONG Usina de la Justicia presentó una denuncia penal contra Pascual por supuesta "usurpación funcional y abuso de autoridad".

La entidad también pidió intervenir como amicus curiae en el habeas corpus que derivó en la suspensión de la normativa.

Según la ONG, la decisión de la magistrada es "absolutamente arbitraria y contraria a Derecho" y afecta la división de poderes debido a que suspendió una norma aprobada por el Congreso Nacional.

La organización también cuestionó que la resolución se apoye en "una hipótesis de futuro", en referencia a la posibilidad de un aumento de adolescentes detenidos y eventuales dificultades para alojarlos.