La jueza que frenó la baja de imputabilidad le había concedido salidas transitorias al imputado por el crimen de Uma Aguilera

La figura de la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora quedó en el centro de una fuerte controversia política y judicial. Luego de haber dictado una resolución que paralizó la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, trascendió un antecedente que desató el repudio de las víctimas de la inseguridad. La indignación y el malestar en la opinión pública escalaron tras confirmarse que la jueza Marta Pascual había otorgado salidas transitorias al menor implicado en el crimen de Uma Aguilera.

?Freno judicial a la baja de imputabilidad en la Provincia: esto decía la jueza Marta Pascual que paralizó la medida

?La magistrada del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dictó un fallo que frena la aplicación de la baja en la edad de punibilidad en el territorio... pic.twitter.com/RJJv2wWuyD

— El Bonaerense (@elbonanews) September 9, 2026

Beneficios procesales, juicio abreviado y la quita de años en la condena

Los antecedentes del caso exponen las determinaciones tomadas por la magistrada durante el proceso tramitado contra los acusados del homicidio perpetrado en enero de 2024:

• Permisos previos a la sentencia: En septiembre de 2025, la jueza concedió "salidas recreativas" a Guillermo "Paraguayo" Romero Molinas mientras se encontraba detenido a la espera de la resolución judicial de su causa.

• Reducción de la pena solicitada: Pese a que se contemplaba inicialmente una condena acordada de 15 años de prisión, la magistrada terminó fijando una pena de 12 años de cárcel mediante la modalidad de juicio abreviado.

• Reclamo por la Ley de Víctimas: Los familiares de la menor asesinada denunciaron que las resoluciones se adoptaron sin garantizar la debida participación y notificación a la querella, vulnerando los derechos amparados por la legislación vigente.

El dolor de la madre de Uma y la avanzada contra el garantismo

María Eugenia Rodríguez, madre de la pequeña de 9 años e integrante de la Policía Federal, manifestó su profundo repudio ante las decisiones de Pascual y contrapuso la situación del condenado con la de su hija: "Duele que no vea que si el menor está ahí es por una decisión propia; mi hija no decidió estar frente al arma que la ejecutó".

Las revelaciones sobre las actuaciones de la jueza sumaron un nuevo capítulo de tensión entre los sectores que reclaman la plena aplicación de penas severas a menores imputados de delitos graves y las posturas judiciales que sostienen el principio de no regresividad penal.