08/09/2026
Un informe del CEPA contabilizó 2.195.427 deudores morosos en la provincia de Buenos Aires. El Senado activará una comisión clave para discutir reestructuraciones, prácticas abusivas de cobranza y regulación de prestamistas.
La provincia de Buenos Aires concentra casi 2,2 millones de personas en situación de mora, en un escenario marcado por el crecimiento del endeudamiento familiar y las dificultades para sostener pagos mensuales. El dato surge de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de estadísticas oficiales.
En ese contexto, el Senado bonaerense pondrá en funcionamiento la Comisión de Defensa de las Personas Usuarias y Consumidoras, que permaneció inactiva durante 2026 y ahora comenzará a analizar proyectos relacionados con reestructuración de deudas, cobranzas abusivas y control de prestamistas.
Según el relevamiento del CEPA, la Provincia registra 2.195.427 deudores con atrasos, equivalentes al 37,4% del total nacional.
En territorio bonaerense existen 7.732.613 personas y empresas con algún tipo de financiamiento.
Dentro de ese universo, cerca de 2,2 millones acumulan demoras superiores a 90 días.
La tasa de mora provincial alcanza así al 28,4% de los deudores, ligeramente por encima del promedio nacional del 27,7%.
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El problema se profundiza al observar el dinero involucrado.
Según CEPA, el 11,9% del financiamiento otorgado en Buenos Aires se encuentra en situación irregular, mientras que el promedio nacional es del 9,7%.
La mayor parte del deterioro se concentra entre las personas y no entre las empresas.
Entre los individuos, la irregularidad alcanza al 28,5% por cantidad de deudores, frente al 13,8% registrado entre las compañías.
La brecha también aparece cuando se analiza el monto del crédito comprometido.
El 17,8% del dinero prestado a personas se encuentra en situación irregular, mientras que entre las empresas el indicador baja al 3,1%.
De acuerdo con el informe, los hogares explican prácticamente la totalidad del deterioro financiero observado en territorio bonaerense.
El fenómeno coincide con una mayor utilización del crédito para cubrir gastos cotidianos y no solamente para realizar compras importantes.
La edad aparece como otra variable determinante.
Entre las personas de 20 a 24 años, la tasa de incumplimiento llega al 37,7%.
Entre los menores de 20 años ronda el 35%.
A partir de los 40 años, en cambio, el indicador comienza a ubicarse por debajo del promedio general.
La expansión de billeteras virtuales, fintech y préstamos mediante aplicaciones facilitó el acceso al crédito para personas con ingresos bajos o inestables, pero también aumentó la exposición a financiamientos más costosos.
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Las diferencias también son importantes según el tipo de prestamista.
Entre los clientes de entidades bancarias, la mora por cantidad de personas alcanza al 18,8%.
En los proveedores no bancarios, el indicador escala hasta el 34,1%.
Medido sobre el dinero prestado, la irregularidad en este último segmento llega al 28,7%.
El dato refuerza las advertencias sobre las condiciones de los créditos otorgados por fintech, financieras y otros prestamistas no tradicionales.
El CEPA vincula el crecimiento de la mora con un contexto económico más amplio.
Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, la provincia de Buenos Aires perdió 91.270 puestos de trabajo registrados en unidades productivas.
Durante el mismo período también aumentaron los costos de servicios y se redujo el consumo.
Entre diciembre de 2023 y junio de 2026, la inflación acumulada en el Gran Buenos Aires llegó al 327%, mientras que los servicios públicos aumentaron 555%.

La pérdida de capacidad de compra también aparece en los indicadores comerciales.
En mayo, las ventas reales de supermercados bonaerenses retrocedieron 6,2% interanual.
En los centros comerciales, la caída fue del 9,1%.
La combinación muestra una situación en la que numerosos hogares reducen sus compras pero, al mismo tiempo, acumulan mayores compromisos financieros.
Frente a este escenario, el Senado bonaerense pondrá finalmente en funcionamiento la Comisión de Defensa de las Personas Usuarias y Consumidoras.
El cuerpo será presidido por la senadora libertaria Florencia Arietto.
La vicepresidencia estará a cargo de María Inés Laurini, de Fuerza Patria.
El peronismo contará con cuatro de los siete integrantes, por lo que tendrá mayoría numérica dentro de la comisión, mientras la presidencia permanecerá en manos de La Libertad Avanza.
Uno de los principales proyectos fue presentado por Facundo Tignanelli junto con el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
La iniciativa crea un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores.
El proyecto propone una instancia prejudicial obligatoria y gratuita antes de iniciar acciones judiciales de cobro.
La Defensoría del Pueblo tendría la facultad de reunir las distintas deudas de una persona, revisar liquidaciones y coordinar una negociación integral con los acreedores.
Uno de los puntos centrales del proyecto establece un límite sobre la capacidad de pago.
Las cuotas resultantes de una reestructuración no podrían superar el 30% del ingreso mensual neto del consumidor.
Además, cada acuerdo debería contemplar al menos dos de estas tres alternativas:
Si ya existe un juicio en curso, el magistrado podría suspenderlo durante 30 días hábiles, prorrogables por otro período igual, para intentar alcanzar un acuerdo.
La iniciativa también contempla la creación de un Registro Provincial de Prestamistas.
Allí deberían inscribirse todas las personas y empresas que otorguen créditos de manera habitual en territorio bonaerense, incluso aquellas que funcionen exclusivamente mediante aplicaciones.
Deberían informar contratos, tasas, costo financiero total, comisiones y mecanismos de cobranza.
Los prestamistas obligados que no se inscribieran podrían perder el derecho a reclamar judicialmente intereses y cargos adicionales.

Otro eje del debate será el trato que reciben los deudores.
El proyecto prohíbe amenazas, lenguaje degradante, simulación de acciones judiciales y contactos intimidatorios con familiares, vecinos o compañeros de trabajo.
Diputados ya avanzó parcialmente en esa dirección.
La Comisión de Defensa del Consumidor dio dictamen favorable a una iniciativa de Ana Luz Balor destinada a impedir prácticas de hostigamiento en cobranzas extrajudiciales.
Con casi 2,2 millones de personas en mora, la discusión sobre el endeudamiento dejó de limitarse al ámbito financiero y comenzó a ocupar un lugar central en la Legislatura.
El desafío será definir hasta dónde puede intervenir la Provincia sobre reestructuraciones, prestamistas y mecanismos de cobranza.
Mientras tanto, los datos muestran una tendencia clara: los jóvenes, los hogares y quienes recurren al crédito no bancario son los sectores que enfrentan las mayores dificultades para cumplir sus obligaciones.
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