Denuncia penal golpea a la gestión de Lucas Ghi en Morón: investigan sobreprecios e irregularidades en obras públicas

Dirigentes opositores presentaron este lunes una denuncia penal contra la gestión del intendente Lucas Ghi en el municipio de Morón por presunta corrupción, sobreprecios y direccionamiento de licitaciones en obras públicas de pavimentación. La presentación judicial realizada en los tribunales bonaerenses investiga severas inconsistencias presupuestarias y contratos bajo sospecha en el conurbano, un hecho que genera un fuerte impacto político en Argentina y exige transparencia en el manejo del erario municipal.

Qué pasó en Morón y por qué la denuncia contra la gestión de Lucas Ghi genera polémica

La causa judicial se desató tras un exhaustivo relevamiento de los expedientes de contratación del municipio, donde se detectaron certificaciones de obra con valores muy por encima de los precios de mercado por metro cuadrado de asfalto. Las irregularidades se concentran en el reasfaltado y arreglo de calles clave del distrito, donde los fondos asignados no se corresponden con el estado ni con la ejecución física de las tareas sobre el terreno.

A las inconsistencias financieras se suma la denuncia por presunto favorecimiento a una firma contratista específica, la cual habría recibido licitaciones de manera recurrente a pesar de llamar la atención de los órganos de control. La falta de justificación en las adendas presupuestarias aprobadas encendió las alarmas de los bloques opositores, impulsando la denuncia en el fuero penal.

Quiénes están involucrados en la causa contra el municipio de Morón

El escrito judicial apunta de manera directa contra funcionarios de las áreas de Infraestructura y Obras Públicas del municipio encabezado por Lucas Ghi, así como a los inspectores responsables de certificar la finalización de los trabajos. Por la parte privada, los fiscales citarán a los apoderados de la empresa contratista señalada por participar en el presunto esquema de sobrefacturación.

La Justicia penal bonaerense dispuso las primeras medidas de prueba para secuestrar la documentación administrativa original, los libros contables de la comuna y ordenar peritajes técnicos sobre el material empleado en las calles intervenidas. Los investigadores buscan esclarecer si existió una maniobra coordinada para desviar recursos públicos hacia el sector privado.

El impacto político de la medida en el conurbano y los antecedentes del conflicto

La judicialización de los números de la obra pública asesta un duro golpe a la gestión municipal de Morón, reavivando los cuestionamientos sobre la transparencia y la fiscalización del gasto comunal en la provincia de Buenos Aires. Concejales de la oposición exigieron la inmediata concurrencia de los Secretarios implicados al Concejo Deliberante para dar explicaciones detalladas sobre las partidas ejecutadas.

El avance de este expediente sienta un precedente de alta tensión institucional dentro del tablero político del conurbano bonaerense. La ciudadanía de Morón aguarda definiciones de los tribunales competentes para determinar las responsabilidades penales de las autoridades locales y garantizar el destino adecuado de los fondos públicos en Argentina.