Desde el Foro de Discapacidad reclaman prorrogar la Emergencia Nacional hasta diciembre de 2027

La compleja situación socioeconómica que atraviesan los prestadores e instituciones que brindan atención a personas con discapacidad impulsó un fuerte reclamo colectivo ante las autoridades nacionales. Referentes de agrupaciones, centros de día y familias se unieron para exigir medidas urgentes que eviten la parálisis de los servicios esenciales. La tensión en el sector escaló tras confirmarse que el Foro de Discapacidad reclamo prorrogar la Emergencia Nacional hasta diciembre de 2027.

Las organizaciones del sector solicitaron formalmente la extensión del marco normativo para garantizar la continuidad de prestaciones, aportes asistenciales y cobertura de tratamientos. Advierten sobre un escenario crítico de desfinanciamiento y demoras en los pagos.

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Ejes de la propuesta, desfasaje arancelario y riesgosa parálisis

El documento presentado por las entidades argumenta la imperiosa necesidad de extender la cobertura estatal y el financiamiento del sistema:

• Extensión de plazos normativos: El Foro solicita formalmente al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo extender la vigencia de la emergencia en el área hasta fines de 2027 para dar previsibilidad a las instituciones.

• Atraso en los aranceles: Denuncian una brecha insostenible entre los costos operativos, transporte y salarios profesionales frente a los montos actualizados por el Nomenclador Regulador.

• Peligro en las prestaciones: Advierten que la falta de actualización adecuada pone en riesgo el funcionamiento de hogares, centros educativos terapéuticos y servicios de transporte adaptado.

Pedido de audiencia con autoridades e impacto en las familias

Las entidades firmantes solicitaron reuniones con los titulares de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y del Ministerio de Salud de la Nación para establecer una mesa de trabajo permanente.

De no obtener respuestas favorables en el corto plazo, los prestadores no descartan la realización de jornadas de visibilización y movilizaciones a nivel federal para evitar la interrupción de los tratamientos de miles de usuarios en todo el país.