02/09/2026

Municipales

Escándalo por viviendas sociales en Lobos: Kicillof adjudicó 1.401 millones de pesos pero las obras siguen paralizadas

Un complejo habitacional en el municipio bonaerense de Lobos acumula casi una década de demoras, licitaciones desiertas e inconsistencias administrativas. A pesar de una última adjudicación del gobierno provincial por más de 1.400 millones de pesos en febrero de 2025, las treinta casas sociales continúan sin aberturas ni condiciones de habitabilidad.

El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA), dependiente de la gestión del gobernador Axel Kicillof, y la municipalidad de Lobos quedaron en el centro de la polémica este lunes tras revelarse graves irregularidades en la construcción del "Barrio Amarillo". A casi nueve años de la firma del primer convenio y tras una adjudicación millonaria realizada a principios de 2025, las treinta viviendas proyectadas siguen completamente inconclusas. El caso reaviva los cuestionamientos sobre la falta de transparencia en la ejecución de la obra pública y el control de los fondos transferidos al municipio bonaerense.

¿Qué pasó con las viviendas de Lobos y por qué se desató la polémica?

El proyecto para la construcción de treinta viviendas sociales en la localidad de Lobos comenzó en abril de 2017, durante la gestión del intendente Jorge Etcheverry y con el aval del gobierno bonaerense. Sin embargo, expediente tras expediente, los trabajos nunca alcanzaron un ritmo constante. Inspecciones recientes incorporadas a la causa administrativa municipal 30.887/26 expusieron que las unidades presentan únicamente estructuras de hormigón y mampostería al descubierto, sin instalaciones de luz ni agua, aberturas o terminaciones mínimas.

A lo largo de los años, el plan atravesó constantes rediseños presupuestarios, prórrogas y contrataciones fallidas. Pese a que en febrero de 2025 el gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo presupuesto por un total de 1.401.960.260 pesos para reactivar y finalizar los trabajos, la paralización física del predio permanece inalterada, sin que el organismo provincial ni la comuna aclaren cuánto dinero se ejecutó hasta el momento.

¿Quiénes están involucrados en los decretos y las fallas administrativas?

La controversia salpica tanto a la conducción del municipio bonaerense de Lobos como a las autoridades del Instituto de la Vivienda provincial. El historial del expediente registra múltiples inconsistencias legales que van desde diferencias de montos hasta cambios en la cantidad de viviendas a construir. En el decreto municipal 343/18, por ejemplo, se aprobó un adicional donde el monto expresado en letras difería en 500 mil pesos con el consignado en números, sin que se aclarara formalmente la rectificación contable.

Asimismo, la documentación del proyecto pasó de proyectar treinta viviendas a reducir la meta a veintiuna en 2019, para luego volver a fijar el objetivo inicial en los últimos llamados a licitación. A pesar del desfile de empresas constructoras, adendas contractuales y adecua?ciones financieras por inflación, la falta de auditorías sobre los certificados de obra pagados impide determinar el destino final de las asignaciones presupuestarias.

El impacto político y las consecuencias para la provincia de Buenos Aires

La paralización de las viviendas en Lobos genera un fuerte impacto político en la provincia de Buenos Aires, en medio de las demandas sociales por el acceso a la tierra y el déficit habitacional en el conurbano y el interior bonaerense. La continuidad del mismo signo político en el municipio local imposibilita atribuir la falta de avance a un traspaso de mando, dejando la responsabilidad en el seguimiento conjunto entre la comuna y la administración provincial.

Frente a la falta de respuestas oficiales sobre el estado del dinero público invertido, concejales locales y sectores de la oposición reclaman la presentación urgente de los balances contables, las órdenes de pago y la nómina de inspectores de obra involucrados, en un escenario que amenaza con escalar judicialmente en el fuero provincial.

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