31/08/2026
La irregularidad en los créditos alcanza al 20% en la provincia de Buenos Aires, frente al 13% registrado a nivel nacional. La caída del empleo, el deterioro salarial, el peso de los servicios y el uso del crédito para gastos cotidianos explican parte de la brecha.
La morosidad de los hogares bonaerenses muestra un deterioro mayor que el promedio nacional. Según advirtió el director del Banco Provincia, Alejandro Formento, la irregularidad en los créditos acumula 20 meses consecutivos de crecimiento y alcanza actualmente al 20% en territorio bonaerense, frente al 13% del conjunto del país.
La diferencia aparece en una provincia especialmente vinculada con el mercado interno y atravesada por pérdida de empleo formal, caída del consumo y una fuerte suba de gastos esenciales que redujeron el margen disponible de las familias.
Formento vinculó el fenómeno con la propia estructura económica bonaerense.
"Por sus características productivas y económicas, la Provincia está muy vinculada al consumo interno".
La pérdida de poder adquisitivo y el deterioro del empleo afectan directamente a sectores que dependen de la demanda doméstica.
Cuando esas actividades se contraen, disminuyen simultáneamente los ingresos de trabajadores y comercios, mientras las obligaciones financieras continúan venciendo.

Los datos del mercado laboral también ayudan a explicar el aumento de los atrasos.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado a partir de estadísticas oficiales, entre noviembre de 2023 y abril de 2026 se perdieron 91.270 puestos de trabajo registrados en unidades productivas bonaerenses.
La cifra equivale al 26,7% de todos los empleos formales destruidos en el país durante ese período.
Al mismo tiempo, la tasa de desocupación provincial pasó del 8,3% al 9,7% entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2026.
A la pérdida de puestos laborales se suma el crecimiento de gastos difíciles de recortar.
Entre diciembre de 2023 y junio de 2026, la remuneración media del sector privado registrado aumentó 286%.
En ese mismo período, los precios vinculados con electricidad, gas y otros combustibles acumularon una suba del 919%.
La diferencia redujo el ingreso disponible de los hogares una vez pagados los servicios básicos.

El peso de las tarifas puede observarse en la relación con el salario mínimo.
En el AMBA, la canasta de servicios públicos pasó de representar aproximadamente el 19% del salario mínimo en diciembre de 2023 al 80,2% en junio de 2026 para un usuario sin subsidios.
Ese aumento obliga a muchas familias a destinar una proporción creciente de sus ingresos a gastos fijos antes de afrontar alimentación, transporte, medicamentos u otros consumos.
La pérdida de capacidad de compra se refleja en las ventas.
En mayo, las ventas reales de supermercados de la provincia de Buenos Aires estaban 16,4% por debajo de noviembre de 2023.
En el Gran Buenos Aires, la caída llegaba al 18,7%.
Este comportamiento resulta especialmente relevante en una provincia donde una parte importante del entramado productivo y comercial depende de la evolución del consumo interno.
Con menos margen entre ingresos y gastos, el financiamiento comenzó a cumplir una función diferente.
Para muchos hogares ya no se utiliza únicamente para adelantar compras importantes, sino también para afrontar consumos corrientes.
Más de 100.000 clientes del Banco Provincia refinanciaron durante 2026 compromisos por más de $390.000 millones.
El monto reestructurado aumentó 382% respecto del mismo período de 2025 y el 96% de las operaciones correspondió a personas.
La situación cambia además según quién otorga el financiamiento.
Los datos recopilados por CEPA muestran que la morosidad por cantidad de deudores alcanza al 18,8% entre los clientes bancarios.
Entre quienes recurren a proveedores no bancarios, el indicador escala hasta el 34,1%.
Dentro de ese universo aparecen fintech, billeteras virtuales, tarjetas no bancarias, mutuales y cooperativas.
La facilidad para acceder a esos préstamos amplió las posibilidades de financiamiento, pero también expuso a hogares con ingresos inestables a costos financieros más elevados.

El endeudamiento presenta una incidencia particularmente alta entre los sectores más jóvenes.
El 39,3% de las personas de entre 18 y 21 años con créditos registraba deudas en situación irregular.
Además, el 92% había accedido a su primer financiamiento antes de conseguir un empleo formal.
El dato muestra una incorporación temprana al sistema crediticio que no siempre está acompañada por ingresos estables para sostener las cuotas.
La combinación de empleo más débil, salarios presionados y mayores gastos esenciales empujó a muchas familias a utilizar el crédito para sostener su nivel de consumo.
Durante un tiempo, refinanciar obligaciones o recurrir a nuevos préstamos permitió cubrir esa diferencia.
El crecimiento de la mora muestra ahora el límite de ese mecanismo.
Con una irregularidad del 20% en los créditos bonaerenses, frente al 13% nacional, la deuda dejó de ser solamente una cuestión de cuánto deben las familias: el problema central pasó a ser cuántas todavía pueden seguir pagando.
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