27/08/2026
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro retoma las audiencias del debate oral con las testimoniales de los especialistas de la Junta Médica. La jornada estará marcada por la aclaración sobre la confusión con la historia clínica del padre del exfutbolista.
El proceso judicial que busca determinar las responsabilidades penales en el fallecimiento de Diego Armando Maradona entra en una etapa de definiciones fundamentales. Tras el imprevisto cruce ocurrido en la jornada previa por la incorporación errónea de documentación clínica perteneciente al padre del "Diez", el tribunal avanza con el cronograma previsto de testimonios periciales. El debate cobró fuerte expectativa pública luego de confirmarse que

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro retoma las audiencias del debate oral con las testimoniales de los especialistas de la Junta Médica. La jornada estará marcada por la aclaración sobre la confusión con la historia clínica del padre del exfutbolista.
La audiencia judicial estará centrada en el análisis técnico de las causales del deceso y en disipar los cuestionamientos planteados por los abogados defensores:
Inconsistencia documental: Durante las jornadas previas, las defensas advirtieron que parte de las evaluaciones médicas agregadas al expediente correspondían a "Don Diego" Maradona y no al astro futbolístico, lo que motivó explicaciones por parte del equipo de fiscalía.
Testimonios de la Junta Médica: En esta nueva sesión, tres profesionales de la salud que integraron el comité oficial responderán las preguntas de las partes sobre el estado de salud del exfutbolista durante sus últimos días en la vivienda de Tigre.
Puntos de controversia: Los magistrados y abogados indagarán sobre la existencia de un eventual cuadro de agonía prolongada y la idoneidad de la atención domiciliaria brindada por el equipo médico imputado.
El debate oral sienta en el banquillo de los acusados a ocho profesionales de la salud, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, junto a enfermeros y coordinadores médicos que intervinieron en la internación domiciliaria.
Todos enfrentan cargos por el delito de homicidio simple con dolo eventual, figura penal que prevé una escala de penas de entre 8 y 25 años de prisión. La fiscalía busca demostrar que el equipo tratante se representó la posibilidad del desenlace fatal y omitió las acciones necesarias para evitarlo.
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