En medio de la polémica: El Cementerio de la Recoleta no tendrá cafetería en la bóveda

La controvertida iniciativa para incorporar usos comerciales dentro del histórico predio de la capital porteña quedó paralizada por vía judicial. El conflicto estalló tras la presentación de un recurso de amparo impulsado por los descendientes de los titulares del espacio, quienes denunciaron irregularidades en el proceso de caducidad del permiso de uso. La polémica por el destino de las hectáreas patrimoniales escaló en los tribunales tras confirmarse que la Justicia frenó la polémica licitación de la bóveda para una cafetería en el Cementerio de la Recoleta.

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Las razones del juzgado y la suspensión del proyecto

La resolución, rubricada en la órbita del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 de la Ciudad, dispuso retener de manera inmediata la Licitación Pública N° 10002-1251-LPU26:

• Protección del espacio histórico: El dictamen argumentó que la reconversión de un sepulcro vulneraba el carácter sagrado del espacio destinado al descanso de los deudos, señalando que la estructura se encuentra resguardada fuera del circuito de bienes puramente mercantiles.

• Controversia por las deudas: Desde el Gobierno de la Ciudad argumentaron que el espacio acumulaba deudas millonarias en concepto de mantenimiento que superaban los 22 millones de pesos, acumuladas desde el año 2007.

• Amparo de los herederos: La demandante, Lucía Girado, sostuvo que la familia intentó regularizar la tasa anual en múltiples oportunidades y cuestionó el proceso de notificación por cartas documento emitidas a titulares ya fallecidos.

Retroceso oficial del Gobierno porteño

Tras la notificación del amparo y el dictamen de la medida cautelar de suspensión, fuentes del Ejecutivo porteño confirmaron que darán de baja el llamado a concesión para evitar profundizar el desgaste judicial.

El panteón familiar, concesionado originariamente durante el siglo XIX a la familia Girado, permanecerá clausurado y bajo tutela mientras el fuero determine si la restitución administrativa de la propiedad fue ajustada a derecho o si corresponde la regularización por parte de los deudos