El Gobierno amplió a las cárceles provinciales el bloqueo de celulares

El Gobierno nacional amplió a las cárceles provinciales el programa destinado a detectar y bloquear celulares utilizados dentro de establecimientos penitenciarios. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada este martes 25 de agosto en el Boletín Oficial.

El sistema permitirá inhabilitar el IMEI del equipo, el IMSI asociado a la tarjeta SIM y la línea telefónica de los dispositivos detectados dentro de áreas de detención o sectores de acceso restringido. De esta manera, cambiar únicamente el chip no permitirá volver a utilizar el mismo teléfono.

Cómo funcionará el bloqueo de celulares en las cárceles

La normativa creó formalmente el Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios, cuyo objetivo es impedir que personas detenidas utilicen dispositivos móviles para coordinar actividades ilícitas desde las cárceles.

Cuando un teléfono sea detectado dentro de un sector alcanzado por el procedimiento, sus datos identificatorios podrán ser enviados a las empresas de comunicaciones móviles para solicitar su bloqueo.

La inhabilitación comprende:

• El IMEI, que identifica de manera única al teléfono.
• El IMSI, asociado a la tarjeta SIM.
• La línea telefónica vinculada.

Las prestadoras deberán además conservar un registro de las gestiones realizadas para garantizar la trazabilidad del procedimiento.

Las provincias deberán adherir al programa

La extensión del sistema no se aplicará automáticamente en todos los penales provinciales.

La Resolución 806/2026 invitó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a incorporarse mediante la firma de un convenio de adhesión.

La Subsecretaría de Articulación Federal será la responsable de implementar el programa en aquellas jurisdicciones que decidan sumarse y tendrá facultades para suscribir los convenios correspondientes.

Seguridad será la intermediaria con las empresas telefónicas

Uno de los aspectos centrales del sistema es que las provincias no gestionarán directamente los bloqueos ante las compañías de telefonía.

El Ministerio de Seguridad Nacional funcionará como ventanilla única para recibir la información de los dispositivos detectados en los establecimientos provinciales y trasladar posteriormente la solicitud a las prestadoras.

Ese mecanismo ya había sido incorporado mediante la modificación realizada por ENACOM en agosto, que estableció que las empresas deben bloquear los dispositivos cuando exista una solicitud expresa del Ministerio de Seguridad.

El sistema ya funcionaba en las cárceles federales

La medida amplía un esquema que comenzó a implementarse anteriormente dentro del Servicio Penitenciario Federal.

En abril de 2026, la Resolución 336/2026 autorizó la instalación de dispositivos para detectar y bloquear IMEI e IMSI en cárceles federales.

Según el Gobierno, la herramienta busca impedir que integrantes de organizaciones criminales continúen utilizando teléfonos móviles desde los establecimientos penitenciarios para impartir órdenes o coordinar maniobras en el exterior.

Qué teléfonos podrán ser bloqueados

El procedimiento apunta a los dispositivos que sean detectados dentro de las áreas de detención y de acceso restringido al público de los establecimientos incorporados al programa.

La legislación vigente prohíbe el uso de terminales móviles por parte de personas privadas de la libertad en los términos establecidos por la Ley 24.660, aunque mantiene los mecanismos de comunicación autorizados por el régimen penitenciario.

Buscan limitar el uso ilegal de celulares desde los penales

Con la nueva resolución, el Gobierno busca extender a las jurisdicciones provinciales una herramienta que hasta ahora se concentraba principalmente en el ámbito penitenciario federal.

Cada provincia deberá decidir si adhiere al programa y, una vez incorporada, podrá informar los dispositivos detectados para que Seguridad gestione su inhabilitación.

El objetivo declarado es reducir la posibilidad de que teléfonos ingresados o utilizados ilegalmente en las cárceles sean empleados para coordinar delitos fuera de los establecimientos penitenciarios.