Prestaciones por discapacidad: el Gobierno oficializó un aumento del 2,1% para agosto en medio de reclamos del sector

La Secretaría Nacional de Discapacidad, bajo la órbita del Ministerio de Salud, oficializó este lunes una actualización del 2,10% en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad en toda la Argentina. La resolución rige para los servicios brindados durante este mes y busca atar los honorarios profesionales al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec del mes anterior. Sin embargo, la disposición encendió alarmas en el sector, donde advierten que los incrementos porcentuales no logran saldar el desfasaje acumulado ante el aumento vertiginoso de los costos operativos y de transporte.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 2775/2026 dictada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, y publicada en el Boletín Oficial. El ajuste se suma al 1,9% acordado para el mes de julio mediante la Resolución 2227/2026, consolidando la metodología de indexación mensual atada al último dato oficial de inflación.

A través del nuevo esquema tarifario, un Centro de Día de Categoría A con jornada doble pasará a percibir $1.101.566,06, mientras que un Hogar con CET permanente en Categoría B se fijó en $2.824.518,71 y una Residencia Permanente en Categoría C alcanzó los $1.047.812,39. Asimismo, el arancel para los transportistas del sector se estableció en $881,5 por kilómetro recorrido.

Desde la cartera oficial remarcaron que el objetivo primordial del mecanismo de revisión periódica es "preservar el valor de los honorarios profesionales, asegurar la previsibilidad y la calidad de la atención", descartando en el corto plazo una recomposición integral que vaya más allá del índice inflacionario.

Qué pasó y por qué genera polémica

Pese a que el Poder Ejecutivo ratificó su "compromiso de actualizar los valores periódicamente para dar sostenibilidad al sistema", las organizaciones de acompañantes terapéuticos, centros de atención, docentes y transportistas expresaron su preocupación. El principal punto de conflicto radica en que la suba del 2,1% resulta insuficiente para cubrir el disparo de insumos, combustibles y costos fijos de mantenimiento.

Para las instituciones asistenciales, ajustar por la inflación promedio nacional (IPC) desatiende la estructura de gastos particular de las prestaciones de salud e integración escolar, que sufren subas de costos por encima de la media de la economía. Esto ha provocado que múltiples centros funcionen al límite operativo o enfrenten serios problemas de liquidación.

Quiénes están involucrados y las cifras del nuevo nomenclador

La actualización alcanza de forma uniforme a todas las prestaciones establecidas por la Ley 24.901, beneficiando de manera directa a los profesionales y entidades que atienden a usuarios con el Certificado Único de Discapacidad (CUD):

• Transporte escolar e integral: El valor fijado es de $881,5 por kilómetro.

• Centros de Día: Los montos oscilan entre $368.042,2 (jornada simple) y $1.101.566,06 (jornada doble Categoría A).

• Hogares y Residencias: Los valores parten desde $1.047.812,39 y llegan hasta $2.824.518,71 en las prestaciones de mayor complejidad.

Además, el texto ratifica el mantenimiento del adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable, destinado exclusivamente a las prestaciones que se brindan en las provincias que integran la Región Patagónica, respondiendo a las dificultades geográficas e históricas de acceso.

El impacto político de la medida en las provincias

El ajuste arancelario impacta de manera directa en el presupuesto público y en las partidas del programa Incluir Salud, así como en la facturación que realizan los prestadores a las obras sociales y prepagas. Diversos intendentes de la provincia de Buenos Aires y legisladores han advertido que los retrasos en las cadenas de pagos y los aranceles atrasados amenazan con interrumpir tratamientos esenciales para niños, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad.

La tensión judicial también continúa latente en varias jurisdicciones donde se promovieron amparos colectivos contra el PAMI e Incluir Salud para regularizar la cancelación de facturas adeudadas y evitar el cierre sistemático de talleres protegidos y escuelas especiales.

Antecedentes del conflicto por los honorarios de discapacidad

El Sistema de Prestaciones Básicas en Argentina padece desde hace años un rezago estructural. Durante el último período de alta volatilidad de precios, los aumentos aprobados de manera trimestral o cuatrimestral provocaron la pérdida del poder adquisitivo de los prestadores autónomos y transportistas.

La adopción de la actualización mensual por IPC dispuesta por la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) buscó cortar con las brechas temporales de ajuste, pero desde el ámbito prestacional insisten en que la base sobre la cual se aplican los porcentajes está desactualizada históricamente, requiriendo un rescate financiero global de las instituciones de atención integral.