Caminos rurales destruidos y la Tasa de Red Vial bajo la lupa: productores agropecuarios llevaron a la Justicia a General Guido

Un grupo de productores rurales presentó este viernes 14 de agosto una demanda penal y contencioso administrativa contra la administración de la Municipalidad de General Guido, conducida por el intendente peronista Carlos Rocha, ante el colapso de la red de caminos rurales y la falta de transparencia en la Tasa de Red Vial en la provincia de Buenos Aires. La acción legal se radicó en los tribunales del Departamento Judicial de Dolores, reavivando el conflicto entre las comunas rurales y el sector agropecuario en la Argentina por el uso irrestricto de fondos específicos para gastos corrientes.

Qué pasó con los caminos rurales y por qué los productores llevaron el reclamo a la Justicia

La presentación judicial se concretó tras el agotamiento de las instancias de negociación y los reiterados reclamos por el estado intransitable que presentan las vías secundarias y terciarias del distrito. Según fundamentaron los demandantes, el Municipio ha aplicado incrementos sucesivos e ininterrumpidos en las ordenanzas tarifarias municipales sin cumplir con las tareas mínimas de nivelado, cuneteado y alcantarillado exigidas por ley.

Frente a la vulneración del principio de contraprestación efectiva que rige para el cobro de las tasas locales, los productores solicitaron formalmente que la Justicia ordene al Ejecutivo municipal detallar los ingresos y egresos de los últimos tres años. La demanda busca auditar el total recaudado a través de la Tasa de Red Vial, precisar los recursos adicionales derivados de otras partidas provinciales y constatar la cantidad exacta de kilómetros intervenidos en el período cuestionado.

Quiénes están involucrados en la demanda y los pedidos presentados ante los tribunales

El proceso judicial enfrenta a los productores rurales del partido de General Guido con el Ejecutivo municipal encabezado por Carlos Rocha. En el escrito patrocinado por abogados del sector, los querellantes no solo cuestionaron el cálculo tributario fijado por cantidad de hectáreas, sino que también exigieron una medida subsidiaria de impacto directo en las arcas comunales: la devolución y el reintegro de los importes abonados en exceso o el retrotraimiento de los valores a la Ordenanza Fiscal de 2023.

Asimismo, las entidades agropecuarias locales advirtieron sobre los efectos colaterales que genera la desidia en la red caminera. El colapso del trazado de tierra no solo frena la salida del transporte de carga con hacienda y granos hacia los centros de consumo, sino que también imposibilita el ingreso de la atención médica de emergencia y causa ausentismo escolar en los establecimientos rurales de la zona.

El impacto político de la rebelión fiscal y los antecedentes judiciales en el interior bonaerense

El reclamo iniciado en General Guido se enmarca en una ola de judicialización que se multiplica en distintos municipios bonaerenses como Azul, Tapalqué y 9 de Julio, donde los productores recurren a los fueros contencioso administrativos para frenar lo que consideran tributos "confiscatorios" e ilegales. Las recientes sentencias de la Justicia bonaerense han sentado jurisprudencia al intimar a varias comunas a exhibir sus registros contables o declarar nula la tasa vial ante la ausencia demostrada de servicios.

Este nuevo avance judicial marca un hito de tensión entre las administraciones comunales y las cadenas de valor agrarias en la Argentina. La resolución que dicte la Justicia sobre la Tasa de Red Vial resultará determinante para definir los límites de las potestades tributarias municipales y la transparencia exigida en la gestión de las partidas de infraestructura pública.