Uso de celulares en las cárceles: desde una universidad bonaerense advierten que prohibirlos puede afectar la seguridad y la educación

Especialistas e investigadores de una universidad con sede en la provincia de Buenos Aires advirtieron este jueves 13 de agosto que la prohibición total del uso de celulares en las cárceles bonaerenses podría generar efectos negativos sobre la seguridad interna y frenar el desarrollo de los programas de educación universitaria destinados a las personas privadas de la libertad en Argentina. El informe académico encendió el debate público e institucional en la provincia al poner en duda la efectividad de restringir drásticamente la conectividad en las Unidades Penitenciarias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), remarcando que el acceso regulado a redes y dispositivos digitales constituye una herramienta indispensable para la reinserción social y la disminución de los índices de reincidencia delictiva.

Por qué prohibir los celulares en los penales bonaerenses genera polémica entre expertos y autoridades

La advertencia de los especialistas académicos surge en medio de las crecientes presiones de diversos sectores políticos y judiciales que exigen la quita total de la telefonía celular en las cárceles para evitar la comisión de estafas virtuales y la coordinación de delitos desde el encierro. Sin embargo, los investigadores argumentan que una medida prohibitiva absoluta ignora los avances logrados en materia de alfabetización digital y cursada remota de carreras universitarias por parte de la población carcelaria.

Desde la casa de altos estudios explicaron que la presencia de dispositivos móviles autorizados bajo protocolo ha permitido sustituir las visitas presenciales interrumpidas durante contingencias y reducir de forma drástica los niveles de violencia y conflictividad interna en los pabellones. Según el análisis de los expertos, limitar el uso tecnológico sin ofrecer alternativas pedagógicas sustentables no resuelve el problema delictivo y destruye las vías formales de capacitación profesional en el encierro.

Quiénes están involucrados en el debate sobre la conectividad de las personas privadas de la libertad

La discusión técnica y legislativa involucra de manera directa al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, a las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense, a los jueces de ejecución penal y a los centros de estudiantes universitarios en contextos de encierro. A su vez, los gremios de la administración de justicia y organizaciones de derechos humanos siguen de cerca la evolución de la controversia.

Mientras algunos sectores del arco político promueven la instalación de inhibidores de señal y la requisa estricta de telefonía en todos los penales argentinos, los equipos de investigación proponen avanzar hacia una regulación transparente y supervisada. Esta alternativa contempla la entrega de dispositivos institucionales con restricción de navegación para asegurar exclusivamente el cursado de materias, el contacto familiar directo y los trámites judiciales de los internos.

El impacto educativo del acceso a internet y los antecedentes de la medida en la provincia de Buenos Aires

La autorización formal del uso de celulares en los establecimientos penitenciarios bonaerenses se implementó durante la emergencia sanitaria del año 2020 a través de un protocolo del Protocolo de Uso de Teléfonos Celulares avalado por la Justicia. La medida permitió la continuidad pedagógica de miles de personas privadas de la libertad que cursan estudios secundarios, terciarios y universitarios en convenio con instituciones nacionales y provinciales.

Los antecedentes analizados por la universidad muestran que los detenidos que acceden a programas de formación universitaria presentan niveles significativamente menores de reincidencia al momento de recuperar la libertad. Por esta razón, el ámbito académico bonaerense insiste en la necesidad de no retroceder en los derechos educativos ganados y solicita consensuar políticas públicas que diferencien el uso pacífico de la tecnología del combate firme contra las redes delictivas.