Privatización de rutas nacionales: despidos, menos empleo y alerta en pueblos bonaerenses por los nuevos peajes

El avance del plan de privatizaciones y concesiones de rutas nacionales impulsado por el Gobierno nacional provocó este martes 11 de agosto un estado de máxima alerta en diversos municipios bonaerenses debido a una seguidilla de despidos y al impacto de los nuevos peajes. El proceso de reconversión tecnológica y traspaso de los corredores gestionados por la estatal Corredores Viales hacia consorcios privados ya provocó la pérdida de puestos de trabajo directos en estaciones como la de Hinojo y desató una encendida polémica vecinal e institucional en la localidad de Cacharí, partido de Azul, por la instalación de un cuadro tarifario que afecta la movilidad cotidiana de la región.

Qué pasa con el nuevo esquema de concesiones y por qué se generan despidos en los peajes bonaerenses

La reestructuración del sistema vial nacional prioriza la automatización de las estaciones de cobro mediante el reemplazo de cabinas físicas por pórticos de lectura digital de patentes (telepeaje). La acelerada implementación de este modelo operativo redujo drásticamente el personal de atención manual, dejando a decenas de familias sin su fuente laboral en municipios medianos del centro provincial donde las alternativas de empleo formal son reducidas.

A la pérdida de empleos en la estación de Hinojo se suma el reclamo generalizado de los sindicatos viales por la paralización de las obras públicas de repavimentación y mantenimiento. Si bien desde el Poder Ejecutivo aseguran que la privatización reducirá los costos estatales y mejorará la eficiencia de los servicios, intendentes y concejales del interior advierten que la falta de inversiones privadas garantizadas compromete la seguridad vial en tramos críticos del territorio bonaerense.

El conflicto en Cacharí y el cruce político por el pago del peaje en la Ruta Nacional 3

El punto de mayor tensión vecinal se concentra en la localidad de Cacharí, cuyos pobladores manifestaron su firme rechazo a la ubicación de la nueva estación de peaje en el kilómetro 290 de la Ruta Nacional 3. Dado que la comunidad depende funcional y administrativamente de la ciudad cabecera de Azul para la atención médica, trámites gubernamentales y actividad comercial, los residentes denunciaron que el cobro obligatorio representa una aduana interna que perjudica la economía de los trabajadores locales.

La controversia escaló al plano político en el Concejo Deliberante de Azul. Mientras los ediles de La Libertad Avanza anunciaron gestiones ante las autoridades nacionales para otorgar una tarifa diferenciada o reducida, dirigentes opositores de Fuerza Patria y referentes vecinales rechazaron la propuesta al considerarla insuficiente. Las agrupaciones locales exigen de manera categórica el otorgamiento del pase libre definitivo o el traslado físico de la estación de cobro fuera del límite de circulación vecinal.

El impacto socioeconómico de la privatización de rutas en las comunidades del interior

La transferencia de la gestión vial al sector privado reabrió el debate sobre el rol del Estado en la conectividad del territorio argentino. Dirigentes sindicales del sector vial señalaron que la pérdida masiva de puestos de trabajo se suma al vaciamiento operativo de los distritos regionales de Vialidad Nacional, amenazando la conservación de miles de kilómetros de rutas clave para la producción agropecuaria e industrial.

En los pueblos del interior bonaerense, el avance del nuevo modelo concesionario encendió la preocupación de comerciantes y productores, quienes prevén un incremento directo en los costos del flete y del transporte de pasajeros. Ante esta situación, comunidades del centro de la provincia de Buenos Aires analizan convocar a nuevas asambleas y movilizaciones a la vera de la ruta para frenar los incrementos tarifarios y exigir la reincorporación de los trabajadores cesanteados.