10/08/2026
Politica
El fiscal Gerardo Pollicita detectó inconsistencias entre los ingresos, gastos y bienes declarados por Manuel Adorni y su grupo familiar. El exjefe de Gabinete deberá responder un requerimiento de 20 puntos en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni tendrá 15 días para justificar el origen y la evolución de parte de su patrimonio y el de su grupo familiar en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El requerimiento fue presentado por el fiscal Gerardo Pollicita ante el juez federal Ariel Lijo y consta de un dictamen de 207 páginas.
La Fiscalía analizó documentación patrimonial, bancaria, fiscal y registral, además de movimientos financieros, operaciones inmobiliarias y activos virtuales. Como resultado, elaboró una intimación con 20 puntos que el exfuncionario deberá explicar y respaldar con documentación.
La causa comenzó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien planteó la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito al considerar que determinados gastos podían resultar desproporcionados frente a los ingresos declarados por el funcionario.
Posteriormente, la presentación fue ampliada por Pagano y por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.
La investigación abarca el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional, y el 27 de junio de 2026, fecha de su salida del cargo.
De acuerdo con el dictamen fiscal, durante el período investigado Adorni percibió 35 haberes. A esos ingresos se sumaron los comprobados de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.
En conjunto, el matrimonio habría registrado ingresos por $229.752.283,20.
Sin embargo, la Fiscalía contabilizó gastos por $272.820.832,20 vinculados con tarjetas de crédito, seguros de vehículos, expensas, impuestos, servicios, electrodomésticos y viajes.
La diferencia asciende a $43.068.549, monto que, según el requerimiento fiscal, todavía no cuenta con una explicación suficiente a partir de los ingresos lícitos acreditados.
El expediente reconstruyó además desembolsos por US$402.578,12 destinados a diferentes operaciones.
Entre los conceptos analizados aparecen viajes, alquileres, operaciones inmobiliarias, la compra y remodelación de una propiedad en el Country Indio Cuá, la adquisición de un departamento ubicado en Miró 550 y el mobiliario de ambos inmuebles.
La Fiscalía también investiga el origen de dólares declarados en efectivo y distintas operaciones identificadas como "venta de activos".
Uno de los principales puntos del requerimiento corresponde al lote 380 del Country Indio Cuá.
Adorni deberá explicar cómo financió la adquisición del terreno, la construcción y las mejoras realizadas en la propiedad, que aparece registrada a nombre de su esposa.
En particular, la Fiscalía pidió documentación sobre US$245.000 que habrían sido abonados al contratista Matías Tabar por una refacción integral.
El exfuncionario deberá identificar el origen de los fondos y aportar recibos u otros comprobantes que permitan reconstruir los pagos.
Otro de los puntos investigados corresponde al inmueble ubicado en Miró 550.
La Fiscalía pidió justificar tanto el dinero destinado a su adquisición como los fondos utilizados para las mejoras y el mobiliario, que según el expediente habría sido abonado parcialmente en dólares en efectivo.
También deberá explicar la fuente de los fondos utilizados para la compra de un Jeep, además de otras operaciones relacionadas con vehículos registradas durante el período investigado.
El dictamen también analiza préstamos atribuidos a dos familiares, identificadas como Silvia Pais y Norma Zuccolo.
La Fiscalía requiere documentación que permita establecer cuándo fueron celebrados esos acuerdos, si el dinero fue efectivamente entregado, cuál fue su destino y cómo evolucionaron las deudas.
Además, Adorni deberá precisar los ingresos declarados como exentos del impuesto a las Ganancias y los bienes que hubieran sido recibidos mediante herencias, legados o donaciones.
Según el requerimiento, estas partidas fueron utilizadas para explicar una parte relevante del incremento patrimonial investigado.
Otra parte de la investigación se concentra en las operaciones realizadas con criptoactivos.
El exjefe de Gabinete deberá detallar qué activos virtuales operó, con qué capital comenzó a hacerlo y cuál fue el origen de esos fondos.
La Fiscalía señaló que declaraciones juradas rectificativas incorporaron cuatro cuentas relacionadas con activos virtuales y que otros informes detectaron operaciones adicionales que ahora deberán ser explicadas.
Entre las plataformas sobre las que se solicitó información aparecen Binance, Lemon, Buenbit y SatoshiTango.
Los investigadores también pusieron el foco en operaciones pagadas mediante personas del entorno del exfuncionario.
Adorni deberá informar qué bienes y servicios fueron adquiridos de esa manera, quién realizó cada pago, cómo fueron efectuados los eventuales reintegros y de dónde salió el dinero utilizado.
El requerimiento incluye además consumos efectuados con tarjetas de terceros, acreditaciones no salariales en la cuenta sueldo del Banco Nación y movimientos registrados en las cuentas de su esposa.
La Fiscalía detectó 20 comprobantes declarados ante ARCA durante 2024 y 2025 por más de $6 millones cuyos pagos no pudieron ser relacionados con tarjetas, cuentas bancarias o plataformas financieras analizadas.
También aparecen otras 16 facturas por más de $2 millones cuyos montos no coincidirían con los pagos identificados.
Adorni tendrá que determinar si las operaciones se realizaron, cuándo fueron canceladas, qué medio de pago se utilizó y cuál fue el origen de los fondos.
Además de las operaciones inmobiliarias y financieras, el requerimiento incluye explicaciones sobre:
La Fiscalía espera que cada respuesta sea acompañada por documentación que permita establecer la trazabilidad de los fondos.
El requerimiento se encuentra vinculado con la investigación por el presunto delito previsto en el artículo 268 inciso 2 del Código Penal, referido al enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.
Adorni contará ahora con 15 días para presentar sus explicaciones y la documentación correspondiente. Una vez recibida la respuesta, la Justicia deberá evaluar los elementos reunidos y determinar cómo continúa la investigación.
La intimación no implica por sí sola una declaración de culpabilidad ni un procesamiento: la causa permanece en etapa de investigación y las inconsistencias señaladas por la Fiscalía deberán ser contrastadas con las explicaciones y pruebas que aporte el exfuncionario.
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