27/07/2026
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires analiza distintas iniciativas para restringir el uso de teléfonos celulares en las cárceles. Los proyectos buscan reemplazar el régimen vigente desde la pandemia por un sistema de comunicaciones controladas.
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires avanza con el tratamiento de distintos proyectos de ley que buscan prohibir el ingreso, la tenencia y el uso de teléfonos celulares en las cárceles bonaerenses. Las iniciativas surgieron ante la preocupación por delitos que, según sus impulsores, continúan siendo organizados desde el interior de los establecimientos penitenciarios mediante dispositivos móviles.
Las propuestas plantean modificar la Ley N.º 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense y reemplazar el esquema excepcional de comunicación implementado durante la pandemia de COVID-19.
Uno de los antecedentes mencionados durante el debate legislativo es la desaparición de Juan Carlos Woldryk, el peón rural de Bolívar cuyo paradero se desconoce desde marzo de 2022.
De acuerdo con la investigación judicial, el trabajador fue víctima de una maniobra de sextorsión y amenazas económicas, y parte de las comunicaciones bajo análisis habrían sido realizadas desde la Unidad Penal N.º 3 de San Nicolás.
El caso volvió a instalar la discusión sobre el uso de teléfonos celulares dentro de las unidades penitenciarias.
Entre las iniciativas que esperan tratamiento figura un proyecto presentado por el bloque HECHOS.
La propuesta establece la prohibición total del ingreso, la tenencia y el uso de cualquier dispositivo con conectividad individual dentro de los establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Además, plantea:

Otra de las propuestas en análisis es la denominada "Ley Rodrigo", impulsada por La Libertad Avanza y elaborada por el diputado Oscar Liberman.
El proyecto fue presentado en homenaje a Rodrigo Gómez, un soldado destinado en la Quinta de Olivos que, según sus impulsores, fue víctima de una extorsión originada desde el Penal de Magdalena.
La iniciativa propone eliminar la libre tenencia de celulares y establecer un máximo de dos horas diarias de comunicación para cada detenido, bajo supervisión del Estado y sin acceso libre a internet.
Por otra parte, los senadores provinciales Pablo Petrecca y Alex Campbell, del PRO, presentaron un proyecto que propone reemplazar los teléfonos móviles por centros de comunicación estatales con telefonía fija o terminales digitales cerradas, además de implementar horarios determinados y un registro de las comunicaciones.
Los distintos proyectos coinciden en que el objetivo es impedir que los teléfonos celulares sean utilizados para cometer delitos desde el interior de las cárceles.
Entre los fundamentos mencionan la necesidad de dificultar la organización de estafas virtuales, extorsiones, maniobras vinculadas al narcotráfico y otros delitos que puedan planificarse mediante dispositivos con acceso a internet.
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En paralelo al tratamiento legislativo, concejos deliberantes de distintos municipios bonaerenses aprobaron resoluciones de apoyo a las reformas que se discuten en la Legislatura provincial.
El respaldo institucional busca acelerar el debate parlamentario y avanzar hacia un nuevo régimen de comunicaciones para las personas privadas de la libertad en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
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