Investigación por enriquecimiento ilícito: la Justicia reconstruye millonarios gastos de Manuel Adorni y complica la justificación de su patrimonio

El fiscal federal Gerardo Pollicita avanza este jueves en los tribunales de Comodoro Py con una profunda reconstrucción de los movimientos financieros del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti. La investigación penal, que busca determinar si existió un presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por la administración pública en Argentina, sumó en las últimas horas pruebas documentales de compras lujosas, costosas refacciones y consumos en dólares que contrastan sensiblemente con los ingresos declarados por el exvocero presidencial. La medida judicial cobra especial relevancia porque el fiscal se encuentra a las puertas de formalizar un requerimiento técnico de justificación patrimonial que obligará al exfuncionario a defender sus cuentas bajo apercibimiento de indagatoria.

El caso judicial contra el exjefe de Gabinete y exportavoz del gobierno de Javier Milei experimentó una notable aceleración en la víspera de la feria de invierno. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) trabaja a contrarreloj para entregar un peritaje integral sobre los bienes familiares de la pareja, centrándose especialmente en el período transcurrido desde diciembre de 2023.

Para los investigadores, la sospecha principal radica en que el exfuncionario experimentó un drástico salto en su calidad de vida que no se condice con su remuneración estatal ni con las declaraciones juradas previamente presentadas ante la Oficina Anticorrupción. Aunque desde el sector oficialista han intentado minimizar el impacto político del expediente, la acumulación de pruebas testimoniales y oficios bancarios ha colocado a la defensa del exjefe de Gabinete en una posición de extrema vulnerabilidad procesal.

Qué pasó y por qué genera polémica el incremento patrimonial de Manuel Adorni

La controversia escaló tras conocerse las declaraciones de varios testigos clave ante la fiscalía, entre los que destaca el testimonio del contratista Matías Tabas, responsable de las ostentosas reformas de la vivienda familiar de Adorni en el exclusivo country Indio Cuá, en la provincia de Buenos Aires. De las pericias telefónicas del constructor surgieron registros de gastos millonarios que encendieron las alertas de la Justicia: desde la compra de sistemas de proyección de videojuegos hasta una cascada artificial para la piscina de la propiedad y sábanas de blanquería suntuosa valoradas en $8 millones de pesos.

A estos gastos de infraestructura en la Costa Atlántica y el conurbano bonaerense se añaden deudas no declaradas por 335.000 dólares, gastos elevados en tarjetas de crédito -algunas asociadas a terceros de la órbita de comunicación gubernamental- e inconsistencias en la justificación de viajes al exterior, como una polémica escapada a Punta del Este que el exfuncionario insiste en haber financiado con fondos propios pero cuyas facturas no figuran a su nombre.

Quiénes están involucrados en la investigación de la Justicia federal

El expediente judicial tiene como principales imputados a Manuel Adorni y a su cónyuge, Bettina Angeletti, quien figura como titular de la vivienda del country Indio Cuá. En paralelo, la lupa judicial se extendió hacia otros miembros de su círculo íntimo; el juez federal Sebastián Casanello también analiza la evolución patrimonial de su hermano, Francisco Adorni, quien debió rectificar de apuro su declaración jurada para incorporar un ingreso de $21 millones en concepto de una presunta herencia familiar.

Por el lado de la acusación, el fiscal Gerardo Pollicita conduce la producción de pruebas técnicas a la espera de los informes solicitados a plataformas de criptomonedas como Binance y Lemon Cash, donde el exvocero operaba de forma regular. De no mediar explicaciones documentadas y contundentes por parte de los imputados tras el receso invernal, el magistrado Ariel Lijo podría ordenar la citación a declaración indagatoria de Adorni en los próximos meses.

El impacto político de la medida en el escenario de la transparencia pública

La causa por presunto enriquecimiento ilícito sacude las bases éticas del discurso de austeridad promovido por la actual gestión en Argentina. La falta de respuestas claras por parte de Adorni durante sus últimas apariciones de prensa, donde llegó a increpar a periodistas alegando que sus transacciones eran de carácter privado, desgastó su perfil institucional y generó malestar interno en las filas de La Libertad Avanza.

Incluso figuras de peso de la coalición gobernante, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, presionaron públicamente para que el exvocero presentara de manera inmediata sus declaraciones juradas actualizadas con el fin de contener el impacto negativo en la opinión pública.

Antecedentes del conflicto y la defensa del exjefe de Gabinete argentino

Ante las crecientes sospechas, Manuel Adorni ha sostenido públicamente que el notable aumento de su nivel de vida y sus activos financieros -que en su última rectificación incluyó un sorpresivo ítem de US$565.000 bajo el rótulo de "venta de activos"- se debe a ahorros en efectivo no declarados de su etapa de actividad privada, beneficios obtenidos por inversiones tempranas en Bitcoin iniciadas en el año 2012 y cobros de herencias familiares.

Sin embargo, para los peritos contables de la DAFI y la fiscalía federal de la República Argentina, estas explicaciones mediáticas carecen del correspondiente respaldo documental dentro de la causa judicial. Con la causa en una etapa decisiva, Adorni deberá defender formalmente cada centavo de su patrimonio frente a las pruebas reunidas en los tribunales federales.