09/06/2026
Clínicas privadas, médicos, odontólogos e intendentes bonaerenses advirtieron sobre el deterioro de la atención del PAMI. Denuncian atraso en los pagos, falta de profesionales, demoras en prestaciones y una creciente presión sobre hospitales públicos y municipales.
La crisis del PAMI volvió a quedar en el centro de la escena en la provincia de Buenos Aires. Prestadores privados, profesionales de la salud, trabajadores del organismo e intendentes de distintos municipios advirtieron sobre un escenario cada vez más complejo que afecta directamente a millones de jubilados y pensionados.
Las denuncias incluyen atrasos en los pagos, honorarios desactualizados, demoras en turnos, restricciones en prestaciones, falta de especialistas y una creciente sobrecarga sobre los hospitales públicos.
Según sostienen distintos actores del sistema sanitario, la situación ya no impacta únicamente en la estructura financiera de clínicas y consultorios, sino también en la calidad y rapidez de la atención que reciben los afiliados.
Uno de los principales reclamos proviene de la Federación de Clínicas de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA).
Su presidente, Néstor Porras, aseguró que las instituciones privadas que atienden afiliados del PAMI atraviesan una situación crítica debido al atraso de los aranceles.
Según explicó, la diferencia entre los costos actuales y los valores que perciben supera el 120%, mientras que los aumentos previstos para junio y julio rondan apenas el 1,9% mensual.
"Estamos financiando al sistema de salud. Las clínicas están trabajando a pérdida", afirmó.
Además, denunció la existencia de débitos preventivos y descuentos que reducen aún más los ingresos de los prestadores.
La preocupación principal radica en que el sector privado atiende aproximadamente al 55% de los afiliados del PAMI, por lo que cualquier reducción de servicios podría trasladar una enorme demanda a hospitales públicos que ya funcionan al límite de su capacidad.

La tensión también alcanzó a los profesionales de la salud.
Médicos de cabecera y odontólogos realizaron un paro nacional de 72 horas bajo la consigna "Honorarios justos = atención de calidad", exigiendo una actualización urgente de los valores que perciben por cada prestación.
Desde distintos sectores advierten que los honorarios actuales dificultan sostener consultorios, cubrir costos operativos y garantizar una atención adecuada.
A este escenario se suma la creciente dificultad para cubrir guardias médicas y especialidades críticas.
Porras señaló que especialidades como pediatría y neonatología presentan serios problemas para incorporar profesionales, una situación que también afecta a numerosos hospitales de la provincia.

Los gobiernos municipales también comenzaron a expresar su preocupación por el impacto que la situación del PAMI genera en los sistemas locales de salud.
En Escobar denunciaron demoras en turnos, cancelaciones y limitaciones en estudios y especialidades médicas.
El intendente Ariel Sujarchuk cuestionó los llamados "topes" en determinadas prestaciones y aseguró que esa situación termina trasladando la responsabilidad a los municipios.
La misma preocupación manifestaron otros intendentes bonaerenses.
Desde Saavedra, Matías Nebot afirmó que las decisiones nacionales terminan repercutiendo directamente en los hospitales municipales.
En tanto, el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, sostuvo que cada vez más jubilados recurren al hospital público porque algunos prestadores privados dejaron de brindar servicios por problemas de financiamiento.
Una situación similar describió el jefe comunal de Rojas, Román Bouvier, quien señaló que la demanda sanitaria crece mientras las obras sociales demoran pagos y reducen la capacidad de respuesta del sistema.

La crisis del PAMI tiene como principal consecuencia el impacto sobre los afiliados.
Las dificultades para conseguir turnos, acceder a estudios, obtener medicamentos o recibir atención especializada generan preocupación entre los adultos mayores y sus familias.
Uno de los casos que más repercusión generó ocurrió recientemente en La Plata, donde una jubilada protagonizó una dramática situación dentro de una oficina del organismo al no poder afrontar gastos básicos relacionados con medicamentos y alimentación.
Mientras continúan los reclamos de clínicas, médicos y municipios, crece la incertidumbre sobre la capacidad del sistema para responder a una población cada vez más numerosa y con mayores necesidades sanitarias.
Para los prestadores, la discusión ya no pasa únicamente por números o aranceles, sino por la posibilidad de sostener la atención de millones de jubilados que dependen diariamente del PAMI para acceder a servicios de salud.
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