Ley de Financiamiento Universitario: negociación clave entre el Gobierno y los rectores

El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario atraviesa una etapa decisiva. El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantienen abiertas las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo sobre los recursos destinados a las universidades públicas, en medio de la expectativa por una definición judicial y de los reclamos que sostienen rectores, docentes y estudiantes.

Desde la Casa Rosada analizan convocar durante esta semana a las autoridades universitarias para avanzar en una propuesta que permita destrabar la disputa presupuestaria. Sin embargo, desde el sistema universitario advirtieron que todavía no recibieron una oferta concreta por escrito.

Qué reclama el sistema universitario

Las universidades nacionales sostienen una serie de reclamos vinculados al financiamiento del sector. Entre los principales puntos figuran la recomposición salarial para docentes y no docentes, el financiamiento de becas estudiantiles, los recursos destinados a hospitales universitarios y los gastos de funcionamiento de las instituciones.

Según señalaron desde el CIN, el Gobierno aún no formalizó ninguna propuesta que permita resolver el conflicto. Por ese motivo, las autoridades universitarias continúan esperando una definición oficial sobre el monto de los fondos y las condiciones de un eventual acuerdo.

La situación mantiene en alerta a todo el sistema universitario, que durante los últimos meses impulsó movilizaciones, clases públicas y medidas de protesta para visibilizar la problemática.

La estrategia del Gobierno para evitar una definición judicial

Uno de los puntos centrales de la negociación está vinculado a la causa judicial iniciada por las universidades para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Procuración del Tesoro trabaja en un posible acuerdo que permita evitar una resolución desfavorable de la Corte Suprema. El Ejecutivo busca que, en caso de alcanzarse un entendimiento, los rectores suspendan o retiren la cautelar presentada ante la Justicia.

Meses atrás, el Gobierno propuso transferir fondos contemplados en un proyecto alternativo enviado al Congreso, que reconocía parte de la pérdida salarial docente registrada durante 2025. Sin embargo, la iniciativa no contemplaba la caída acumulada de ingresos registrada entre fines de 2023 y 2024.

Esa propuesta fue rechazada por el sistema universitario, que consideró insuficientes los recursos ofrecidos.

El presupuesto que piden las universidades para 2026

El Consejo Interuniversitario Nacional reclama que el Presupuesto Nacional 2026 contemple un piso mínimo de 7,32 billones de pesos para garantizar el funcionamiento del sistema universitario.

Según explicaron los rectores, esa cifra surge de la actualización de las partidas contempladas en el Presupuesto 2023 y de los criterios establecidos por la Ley de Financiamiento Universitario.

El cálculo no incluye todavía futuras actualizaciones salariales, inflación proyectada ni recursos destinados a infraestructura, equipamiento, ciencia, tecnología, investigación, extensión universitaria y programas de becas.

Para las universidades, contar con una ley de presupuesto aprobada por el Congreso resulta fundamental para garantizar previsibilidad financiera y continuidad académica.

Qué puede pasar en las próximas semanas

La negociación entre el Gobierno y el CIN continúa abierta, aunque todavía sin una convocatoria oficial confirmada.

Mientras tanto, los gremios universitarios mantienen el estado de alerta y no descartan nuevas medidas de fuerza durante el segundo cuatrimestre si no hay avances concretos en materia salarial y presupuestaria.

El desenlace dependerá de la propuesta que presente la Casa Rosada y de la respuesta de los rectores, en una discusión que se convirtió en uno de los principales focos de conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas.