30/05/2026
La aparición de escritos intimidantes dentro de un establecimiento educativo movilizó a las autoridades judiciales y policiales. El episodio se suma a una serie de denuncias registradas durante las últimas semanas en distintos puntos de la provincia.
Un nuevo episodio de amenazas generó preocupación en la comunidad educativa de Punta Lara. La situación salió a la luz luego de que personal de la Escuela Secundaria N°7 encontrara varias hojas con mensajes intimidantes dentro de uno de los baños del establecimiento.
Entre los escritos apareció la frase "Mañana mueren todos", junto con referencias a un supuesto ataque previsto para el 29 de mayo de 2026. Según la denuncia presentada por un preceptor de la institución, los mensajes también mencionaban con nombre y apellido a dos alumnos de cuarto año.
Tras el hallazgo, las autoridades activaron los protocolos correspondientes y dieron intervención a la Unidad Funcional de Instrucción N°16 de La Plata.
Fuentes policiales indicaron que efectivos de la SUB DDI Ensenada participaron de las tareas iniciales y secuestraron los elementos encontrados en el lugar para incorporarlos a la causa judicial.
La investigación busca establecer quiénes escribieron los mensajes y determinar las circunstancias en las que fueron colocados dentro del establecimiento educativo ubicado en la calle 5 entre 22 y 24 de Punta Lara.
El caso se produce en un contexto marcado por una seguidilla de amenazas registradas en escuelas de La Plata y otras localidades bonaerenses.
Desde el 15 de abril se contabilizaron más de 50 denuncias relacionadas con intimidaciones dirigidas a instituciones educativas de la región. En ese marco, la Fiscalía de Menores identificó a cerca de 30 adolescentes vinculados con episodios anteriores.
La preocupación por este tipo de hechos también llegó a la Universidad Nacional de La Plata.
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas denunciaron la aparición de una amenaza de tiroteo escrita en una de las paredes del edificio. Las autoridades universitarias intervienen para esclarecer el origen del mensaje y avanzar con las actuaciones correspondientes.
Las amenazas contra establecimientos educativos pueden derivar en distintas actuaciones judiciales según la edad de las personas involucradas.
A partir de la reforma legislativa aprobada en febrero de 2026, la edad de imputabilidad en Argentina pasó de 16 a 14 años. De esta manera, adolescentes desde esa edad pueden afrontar procesos penales en casos que así lo requieran.
En situaciones que involucren a menores por debajo de esa edad, intervienen los Tribunales de Familia, que pueden disponer medidas socioeducativas y convocar a padres o tutores. En algunos distritos también existen mecanismos para atribuir responsabilidades civiles vinculadas a los costos generados por operativos derivados de falsas alarmas.
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