28/05/2026
Los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fueron desafectados de sus cargos. Se los acusa de montar un sistema ilegal para exigir coimas y dádivas a conductores en los controles vehiculares
Una profunda investigación judicial sacude a la fuerza de seguridad provincial tras descubrirse una presunta trama de corrupción institucionalizada en las rutas bonaerenses. La Justicia penal de la provincia de Buenos Aires ordenó abrir un expediente formal que tiene bajo la lupa a ocho policías pertenecientes a la Dirección de Seguridad Vial, sospechados de liderar una red de extorsión que operaba de manera sistemática sobre la Ruta Nacional 8. Ante la gravedad de las pruebas recolectadas, la Auditoría General de Asuntos Internos dispuso el apartamiento inmediato de todos los implicados de sus funciones operativas en Argentina.

De acuerdo con las pesquisas y las denuncias que dieron origen a las actuaciones judiciales, la organización delictiva conformada por los uniformados funcionaba bajo un esquema aceitado de recaudación ilegal:
Exigencias bajo presión: Los policías desplegaban operativos de control vehicular en puntos estratégicos de la traza vial. Allí, interceptaban de forma arbitraria a automovilistas, transportistas y choferes de camiones de carga para exigirles dinero en efectivo a cambio de no labrarles infracciones falsas o retenerles la documentación de viaje en Argentina.
El uso de billeteras virtuales: Para facilitar el cobro de las dádivas cuando los conductores no disponían de billetes físicos, los efectivos habrían incorporado la modalidad de transferencias electrónicas a cuentas de terceros o perfiles falsos de aplicaciones bancarias, dejando un rastro tecnológico clave para los peritajes.
Foco en el transporte de mercadería: Los camiones que trasladaban insumos comerciales o productos agropecuarios eran las víctimas predilectas de la red extorsiva, debido a que la amenaza de demorar la carga por varias horas forzaba a los transportistas a ceder rápidamente al pago del chantaje.
La caída de la célula policial de Seguridad Vial se aceleró gracias al testimonio de los propios damnificados y al entrecruzamiento de datos informáticos en Argentina: La causa comenzó a tramitarse luego de que un conductor damnificado presentara una denuncia formal detallando los montos exigidos, los nombres legibles de los chalecos reflectores de los agentes y los horarios exactos de los retenes en la Ruta 8.
El fiscal a cargo del caso ordenó una serie de allanamientos sorpresivos en los puestos camineros y en los domicilios particulares de los investigados, logrando el secuestro de teléfonos celulares, agendas con anotaciones de sumas de dinero y planillas de guardia modificadas.
Mientras el juzgado define si dicta la prisión preventiva por el delito de exacciones ilegales y extorsión, el Ministerio de Seguridad bonaerense ratificó que se aplicará la máxima sanción administrativa, que contempla la exoneración definitiva de la fuerza para los ocho imputados en Argentina.
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