El Gobierno actualizó un 2,6% el nomenclador de discapacidad

El Ministerio de Salud de la Nación dispuso un nuevo ajuste en las partidas reguladas para la asistencia social. A través de la Resolución 517/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional actualizó en apenas un 2,60% los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad correspondientes al mes de mayo. La medida profundiza el descontento de prestadores y familias en Argentina, quienes denuncian un severo retraso en los valores frente al costo real de los servicios y acusan al Ejecutivo de ignorar el marco legal vigente.

Los detalles de la resolución y los sectores afectados

La normativa lleva la firma del secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, y establece un incremento lineal sin distinción de categorías:

• Alineado a la inflación: El porcentaje otorgado surge de replicar estrictamente la variación registrada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Indec durante el mes de abril.

• Alcance transversal: La actualización del nomenclador impacta de manera directa sobre los valores fijos que perciben transportistas, acompañantes terapéuticos, centros de día, hogares de residencia, instituciones de educación especial y clínicas de rehabilitación en Argentina.

• Zona desfavorable: El texto oficial ratificó la continuidad del adicional del 20% sobre el arancel básico para todas aquellas prestaciones que se brinden en las provincias de la región patagónica.

Organizaciones denuncian que la suba es magra y exigen cumplir con la Ley de Emergencia del sector

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El reclamo de fondo: la Ley de Emergencia y el fantasma de la desregulación

Detrás de la publicación de las nuevas tarifas se esconde un conflicto político y judicial de gran envergadura entre los prestadores y la Casa Rosada:

1. Incumplimiento de la norma: Colectivos del sector denuncian que el gobierno de Javier Milei continúa sin aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad -sancionada por el Congreso y ratificada tras un veto presidencial-, manteniendo congelados fondos clave para el sostenimiento del sistema.

2. Intenciones de eliminar el nomenclador: Organizaciones civiles advierten que, en paralelo a estos aumentos menores, el oficialismo impulsa planes legislativos para disolver el nomenclador nacional. Esto habilitaría a que cada obra social o prepaga fije sus propios valores de pago, rompiendo el piso universal de cobertura en Argentina.

3. Precarización del servicio: Con aumentos previos del 3,40% en abril y el actual 2,60% en mayo, los profesionales de la salud denuncian que los montos no cubren los costos operativos mínimos de combustibles ni insumos médicos, empujando a muchos transportistas y centros terapéuticos al cierre definitivo de sus puertas.