La provincia de Buenos Aires enfrenta una crisis de seguridad digital sin precedentes dentro de su sistema carcelario. Según datos recientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, se estima que existen 60.000 líneas de celulares activas en las cárceles bonaerenses, una cifra que prácticamente iguala a la población carcelaria total. Esta situación ha encendido las alarmas en la Justicia y el Gobierno, debido a que la permanencia de estos dispositivos móviles -permitida inicialmente de forma excepcional durante la pandemia- se ha convertido en la herramienta principal para la ejecución de estafas virtuales, secuestros virtuales y extorsiones que afectan a ciudadanos en toda Argentina.

La problemática tiene su origen en el protocolo implementado en 2020, cuando la emergencia sanitaria por el COVID-19 suspendió las visitas presenciales. Para garantizar el vínculo familiar, se autorizó el uso de celulares. Sin embargo, lo que nació como una medida humanitaria transitoria se consolidó como una realidad permanente difícil de revertir. Hoy, la presencia de tecnología en las celdas supera la capacidad de control del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Expertos en seguridad informática y fiscales especializados en delitos complejos señalan que la mayoría de los casos de "cuento del tío" y fraudes bancarios reportados en los últimos meses tienen su origen en celdas de unidades penales de máxima seguridad. Los delincuentes utilizan perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de mensajería para engañar a víctimas vulnerables, principalmente adultos mayores.

A pesar de los reclamos de diversos sectores de la oposición y de asociaciones de víctimas, la instalación de inhibidores de señal es una deuda pendiente. La inversión necesaria es millonaria y requiere tecnología de precisión para no afectar las comunicaciones de los vecinos que viven en los alrededores de las unidades penales, ubicadas muchas veces en zonas urbanas densamente pobladas.

¿Cómo operan las bandas desde las cárceles bonaerenses?

El modus operandi se ha profesionalizado. Desde el interior de los penales de la PBA, los internos organizan centros de llamados clandestinos. Utilizan bases de datos filtradas para realizar inteligencia previa sobre sus víctimas. El impacto no es solo económico: la extorsión genera un daño psicológico profundo, ya que los delincuentes suelen simular el secuestro de un familiar o utilizar información personal para amedrentar a las personas.

El debate por la prohibición de celulares en los penales

El Ministerio de Justicia de la Provincia se encuentra ante un dilema político y social. Por un lado, la presión social exige el retiro inmediato de los equipos; por otro, las autoridades temen que una prohibición abrupta sin un plan de contingencia pueda derivar en motines o focos de conflicto en un sistema carcelario que ya padece de sobrepoblación crónica. La falta de tarjetas SIM nominadas y el mercado negro de dispositivos complican el rastreo de las líneas.

Este escenario no solo representa una falla en el control de los detenidos, sino que marca un punto de quiebre en la política de seguridad ciudadana. La facilidad con la que un condenado puede seguir delinquiendo tras las rejas desdibuja el concepto de "pena ejemplificadora" y expone la vulnerabilidad de un Estado que aún no logra equiparar la velocidad de la delincuencia tecnológica con inversiones en ciberseguridad carcelaria.