09/05/2026
El rechazo del máximo tribunal al recurso del Gobierno no anula la reforma laboral, pero abre un escenario judicial fragmentado que expone la ley a cautelares, apelaciones y demoras prolongadas en su aplicación plena.
· La Corte Suprema rechazó el per saltum solicitado por el Gobierno
· La reforma laboral no fue anulada, pero quedó en revisión judicial ordinaria
· La ley puede ser objetada artículo por artículo en distintos tribunales
· Existen riesgos de fallos contradictorios según cada fuero
· Algunas medidas ya están vigentes tras decisiones de cámara
· Otras siguen frenadas por cautelares sindicales específicas
· El proceso judicial podría extenderse durante meses o años
El rechazo del per saltum por parte de la Corte Suprema de Justicia marca un punto relevante en la estrategia judicial del Gobierno de Javier Milei en torno a la reforma laboral.
Aunque la norma no pierde vigencia de manera automática, el fallo impide acelerar la resolución del conflicto y obliga a transitar el camino judicial tradicional.
Esto implica que el debate sobre la constitucionalidad de la ley deberá resolverse en etapas: primera instancia, cámara de apelaciones y eventual llegada al máximo tribunal.
Con esta decisión, el Ejecutivo no puede concentrar el análisis de toda la reforma laboral en una sola resolución de la Corte.
Cada artículo cuestionado puede ser objeto de medidas cautelares individuales, lo que abre un escenario fragmentado y de resolución caso por caso.
El resultado es un proceso más extenso, con múltiples frentes judiciales activos al mismo tiempo.
Uno de los principales efectos del nuevo escenario es la posibilidad de decisiones judiciales diferentes sobre los mismos puntos de la reforma laboral.
Distintos tribunales podrían dictar fallos opuestos sobre la validez de artículos clave, generando un mapa normativo desigual según cada jurisdicción.
Esto impacta directamente en la previsibilidad del sistema laboral y en la aplicación uniforme de la ley.

Actualmente, parte de la reforma laboral se encuentra en vigencia luego de la intervención de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Entre los puntos activos aparecen el Fondo de Asistencia Laboral, la extensión del período de prueba y el sistema de banco de horas.
Sin embargo, otras disposiciones continúan suspendidas por cautelares particulares impulsadas por gremios, especialmente en temas vinculados a aportes, derecho a huelga y servicios esenciales.
El rechazo del per saltum no define el fondo del conflicto, pero sí extiende los plazos judiciales.
La definición sobre la constitucionalidad de la reforma laboral podría demorarse meses o incluso años, dependiendo del avance de las causas.
Mientras tanto, la aplicación de la ley queda sujeta a decisiones parciales en distintos tribunales del país.
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