08/05/2026
Pablo Verón Bisconti, condenado por el brutal femicidio ocurrido en Berazategui, suma una nueva acusación desde la cárcel. La familia de la víctima denuncia hostigamiento y teme por su seguridad tras una serie de mensajes intimidatorios que reabren el dolor de uno de los crímenes más atroces de los últimos años.
La Justicia de Argentina recibió este viernes 8 de mayo una nueva denuncia contra Pablo Verón Bisconti, el hombre que en 2014 conmocionó al país al asesinar, descuartizar y quemar en una parrilla a su novia de 15 años, Priscila Lafuente. A pesar de estar cumpliendo una condena de prisión perpetua, el acusado fue señalado por realizar amenazas de muerte dirigidas a los familiares de la víctima y a testigos clave de la causa. El hecho genera una profunda indignación y pone bajo la lupa los controles del Servicio Penitenciario Bonaerense sobre el uso de dispositivos móviles dentro de los penales, reavivando el pedido de justicia y protección para la familia de la adolescente.
El caso de Priscila Lafuente marcó un antes y un después en la crónica policial argentina debido a la saña del atacante. Verón Bisconti, quien era la pareja de la madre de la menor (también condenada), intentó ocultar el crimen denunciando la desaparición de la joven antes de que los restos fueran hallados en un arroyo de Berazategui.
Según fuentes judiciales, las nuevas acusaciones indican que el femicida habría accedido a redes sociales o teléfonos celulares de forma clandestina para enviar mensajes perturbadores. "No vamos a permitir que siga torturando a la familia desde adentro", señalaron allegados a la querella, quienes exigen el traslado del detenido a un régimen de máxima seguridad con restricciones estrictas de comunicación.
La reincidencia en conductas violentas, incluso estando en contexto de encierro, reactiva el debate sobre la eficacia del sistema carcelario en la rehabilitación de criminales de alta peligrosidad y la vulnerabilidad de las víctimas indirectas frente a sus victimarios.
La nueva denuncia formalizada ante la fiscalía de instrucción sostiene que Verón Bisconti ha proferido amenazas calificadas. La polémica radica en cómo un condenado por un crimen de tal magnitud mantiene contacto con el mundo exterior para hostigar a los deudos. La familia de Priscila asegura haber recibido mensajes donde el femicida jura "venganza" una vez que recupere la libertad o a través de terceros, lo que ha provocado un estado de alerta máxima en el entorno de la víctima.
El foco principal es Pablo Verón Bisconti, pero la denuncia también apunta a las autoridades del penal por presunta negligencia en los controles. Los abogados de la familia Lafuente han solicitado peritajes urgentes sobre las cuentas de redes sociales vinculadas al condenado para determinar el origen de las intimidaciones y garantizar que no existan cómplices externos facilitando estas acciones.
En enero de 2014, el cuerpo de Priscila fue encontrado parcialmente quemado y envuelto en una bolsa. La investigación determinó que, tras una violenta golpiza, Verón Bisconti intentó deshacerse del cadáver quemándolo en una parrilla y luego descuartizándolo. Tanto él como Silvia Abigail Suárez, madre de la niña, fueron sentenciados a perpetua en 2015, en un proceso que desnudó un historial de abusos y violencia familiar extrema en el sur del Conurbano Bonaerense.
Este nuevo episodio podría marcar un punto de quiebre en la política de uso de celulares en las cárceles bonaerenses, una medida que se flexibilizó durante la pandemia y que hoy enfrenta duras críticas. La persistencia del acoso por parte de un femicida condenado no solo expone las fallas de seguridad del sistema, sino que también obliga al Gobierno y al Poder Judicial a replantear los protocolos de protección a las víctimas, demostrando que para muchas familias argentinas, la sentencia no siempre significa el fin del calvario.
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