Junín: condenan al municipio por las graves heridas de una niña en una calesita pública

La Justicia de Argentina dictó una sentencia ejemplar al condenar a un municipio bonaerense por las lesiones sufridas por una niña de corta edad mientras utilizaba una calesita en una plaza pública. El hecho, que derivó en una fractura de pierna para la menor, ocurrió en un espacio de recreación bajo jurisdicción municipal, lo que activó una demanda por daños y perjuicios. Este fallo no solo resarce a la víctima, sino que establece un precedente directo sobre la responsabilidad civil del Estado en el mantenimiento de la infraestructura urbana y la seguridad ciudadana.

El incidente tuvo lugar cuando la niña, acompañada por sus padres, se encontraba jugando en una calesita que, según las pericias técnicas, presentaba fallas de mantenimiento y falta de elementos de seguridad adecuados. Tras el accidente y la posterior atención médica que confirmó la quebradura de una de sus extremidades, la familia inició acciones legales contra la administración local.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo subrayó que el municipio tiene el "deber de vigilancia" y debe asegurar que los juegos instalados en paseos públicos no representen un riesgo para los usuarios. La defensa de la comuna intentó argumentar una presunta falta de cuidado por parte de los progenitores, pero el tribunal desestimó dicha postura, enfocándose en el estado del mobiliario urbano.

Este caso se suma a una serie de antecedentes en la provincia de Buenos Aires donde las administraciones locales han sido señaladas por el deterioro de plazas y parques. La falta de presupuesto para el mantenimiento de espacios verdes suele ser una constante en el debate político bonaerense, especialmente en contextos de alta inflación donde los costos operativos se disparan.

La sentencia obliga a la municipalidad a pagar una indemnización que cubre gastos médicos, daño moral y el impacto psicológico del accidente. Este tipo de fallos suele generar un efecto cascada, impulsando a otros ciudadanos a judicializar reclamos por baches, veredas rotas o luminarias deficientes que provocan accidentes en la vía pública.

Esta decisión judicial podría marcar un punto de quiebre en la gestión de los espacios públicos municipales en Argentina. En un año donde las arcas municipales se ven presionadas por el ajuste fiscal, el fallo envía un mensaje claro: el ahorro en mantenimiento básico puede derivar en costos judiciales mucho más elevados para el erario público. Además, obliga a los intendentes a auditar las concesiones y el estado de los juegos infantiles para evitar condenas que afectan directamente el capital político de la gestión.