05/05/2026
Diputados de la oposición avanzaron con un pedido de juicio político contra el ministro de Salud, Mario Lugones, en medio de denuncias por recortes, cierres de prestaciones y cambios en el sistema de discapacidad.
La situación del sistema de discapacidad volvió a instalarse en el centro del debate político en Argentina.
En las últimas horas, un grupo de legisladores opositores impulsó formalmente un pedido de juicio político contra el ministro de Salud, Mario Lugones, al denunciar un grave deterioro en la atención y fuertes recortes en áreas sensibles.
La avanzada se consolidó durante una reunión abierta en la Cámara de Diputados encabezada por Juan Marino, donde participaron más de 150 personas entre referentes políticos, organizaciones sociales y familiares de personas con discapacidad.
El reclamo se produce en un contexto de creciente malestar por las medidas adoptadas por la administración nacional en materia sanitaria y social.
Durante el encuentro se expusieron denuncias vinculadas al cierre de centros de día, interrupciones de tratamientos, demoras en la entrega de medicamentos y obstáculos burocráticos para acceder a prestaciones.
Los legisladores sostienen que estas decisiones provocaron un retroceso significativo en derechos adquiridos.
"La emergencia en discapacidad se profundiza día tras día", advirtió Marino, quien cuestionó además la falta de tratamiento institucional del tema en las comisiones legislativas correspondientes.

Uno de los principales focos de conflicto es la reforma impulsada por el Ejecutivo sobre el régimen de pensiones por invalidez.
La iniciativa establece:
Desde el oficialismo argumentan que el objetivo es transparentar el sistema y corregir irregularidades detectadas.

Los sectores críticos advierten que detrás de la reorganización administrativa existe una intención de reducir beneficiarios.
Según plantean organizaciones especializadas, los nuevos requisitos podrían excluir a miles de personas que actualmente reciben cobertura.
Además, remarcan que impedir compatibilizar una pensión con empleo formal puede desalentar procesos de inclusión laboral.
Uno de los momentos más sensibles de la reunión estuvo marcado por el testimonio de la familia de Ian Moche.
Su madre denunció amenazas y agresiones contra su vivienda luego de una controversia en redes sociales que involucró a la diputada Lilia Lemoine.
El episodio reflejó el nivel de tensión que adquirió el debate público en torno a discapacidad y políticas estatales.

La ofensiva legislativa reunió respaldo de distintos espacios políticos.
Entre los dirigentes presentes estuvieron:
También acompañaron referentes sociales, organizaciones vinculadas al sector y la actriz Lola Berthet.
En paralelo al pedido contra Lugones, se impulsó la creación de un Observatorio Nacional de Discapacidad.
El organismo tendría como objetivo relevar información, monitorear prestaciones y elaborar diagnósticos permanentes sobre el funcionamiento del sistema.
Para sus impulsores, sería una herramienta clave para detectar falencias estructurales y diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
El conflicto suma un nuevo frente de tensión para la Casa Rosada.
La discusión por discapacidad se produce en simultáneo con otras controversias sociales y económicas, lo que amplifica el costo político para la administración libertaria.
Más allá del avance formal del pedido de juicio político, el episodio vuelve a instalar un debate de fondo sobre el rol del Estado en la protección de derechos sociales.
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
5 de mayo de 2026
5 de mayo de 2026
5 de mayo de 2026
5 de mayo de 2026
5 de mayo de 2026