30/04/2026
La Provincia busca contener el fenómeno con políticas de salud mental, educación y seguridad. Funcionarios apuntaron al contexto social y cuestionaron al gobierno nacional por la falta de políticas en el área.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, confirmó que hay 60 casos identificados de amenazas en escuelas bonaerenses que están siendo investigados por distintas áreas del Estado.
El dato se conoció tras una reunión interministerial realizada en la sede del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, donde participaron funcionarios clave del gabinete provincial para coordinar una respuesta ante los episodios de violencia y mensajes intimidatorios en instituciones educativas.
El encuentro se dio en un contexto de creciente preocupación en Argentina por amenazas de tiroteos y situaciones de riesgo dentro del ámbito escolar.
La reunión fue encabezada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y contó con la presencia de:
El objetivo fue avanzar en una estrategia conjunta para abordar un fenómeno que, según coinciden las autoridades, es complejo y requiere intervención multidisciplinaria.
Desde el Ejecutivo bonaerense remarcaron que las amenazas en escuelas no pueden abordarse solo desde la seguridad, sino que requieren un enfoque integral.
Andrés Larroque señaló:
"Ante un fenómeno novedoso y desconocido que se da a nivel mundial, el deber del Estado es cuidar el lugar de contención que representan las escuelas".
Además, cuestionó la política del gobierno nacional al afirmar:
"La salida no es con la deserción del Estado como promueve Javier Milei, sino acompañando a los jóvenes y fortaleciendo los lazos comunitarios".
En la misma línea, Carlos Bianco sostuvo que estos episodios responden a un "clima de época" y advirtió que los jóvenes son uno de los sectores más afectados por la situación social en Argentina.

La directora de Cultura y Educación, Flavia Terigi, pidió evitar respuestas simplistas o exclusivamente punitivas.
"Es necesario reflexionar sobre estos comportamientos sin caer en soluciones rápidas", afirmó, al tiempo que destacó la importancia de actuar con rapidez ante cada amenaza.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó que los 60 casos están siendo analizados con intervención de áreas educativas y de salud mental.
El funcionario remarcó que el sistema educativo bonaerense involucra a más de 5,2 millones de estudiantes, lo que dimensiona la complejidad del problema.
Desde el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres vinculó el fenómeno a un contexto social más amplio.
La funcionaria advirtió sobre el impacto de los discursos de odio y señaló que los jóvenes atraviesan situaciones de "soledad y falta de contención", lo que puede influir en este tipo de conductas.
Este punto marca una fuerte diferencia política entre la gestión bonaerense y el gobierno nacional, en medio de un clima de tensión creciente en Argentina.
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