29/04/2026
La investigación denominada Aliados por la Infancia VI incluyó 270 allanamientos simultáneos y fue encabezada por el Ministerio Público Fiscal porteño junto a organismos internacionales. En Argentina hubo 26 arrestos y el resto en el exterior. Ahora comienza el análisis de dispositivos secuestrados.
El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires coordinó una nueva ofensiva global contra redes vinculadas a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.
Como resultado del procedimiento, denominado Aliados por la Infancia VI, fueron detenidas 84 personas sospechadas de tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil.
Del total de arrestos, 26 se realizaron en Argentina y 58 en otros países, según confirmaron fuentes oficiales.
El operativo incluyó 270 allanamientos simultáneos, una cifra que refleja la magnitud internacional de la causa.
En Argentina se concretaron 68 procedimientos en:
En el exterior hubo procedimientos en Brasil, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, España, Perú, Puerto Rico, Honduras y Francia, entre otros países.
La investigación fue impulsada por la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas.
Para rastrear a los usuarios involucrados se utilizaron herramientas tecnológicas internacionales como:
Estos sistemas permiten detectar actividad vinculada con distribución de material de abuso sexual infantil en redes P2P y plataformas digitales.
Además, se analizaron reportes remitidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), organismo de referencia internacional en este tipo de delitos.
Tras los allanamientos, la nueva etapa será el análisis forense de computadoras, celulares, discos rígidos y otros dispositivos secuestrados.
Desde la fiscalía indicaron que ese trabajo permitirá determinar si los acusados irán a juicio oral o si algunos casos podrán resolverse mediante juicios abreviados, siempre bajo control judicial.
También se investigará si, además de poseer material ilegal, algunos detenidos están vinculados a abusos sexuales directos contra menores.
El caso muestra cómo los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes dejaron de ser fenómenos locales para convertirse en estructuras transnacionales que requieren cooperación entre países.
Para la Justicia argentina, coordinar un operativo de esta escala representa una señal institucional fuerte. En términos políticos, también expone la necesidad de invertir en cibercrimen, tecnología forense y protección de la infancia.
La persecución penal en entornos digitales será uno de los grandes desafíos judiciales de los próximos años.
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