Crecieron las denuncias ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema en 2025

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, registró un marcado incremento en las atenciones y denuncias por violencia de género y familiar en Argentina durante el último ciclo operativo. Este organismo, que funciona las 24 horas los 365 días del año, se ha convertido en el termómetro crítico de una problemática social que no da tregua. La suba en las estadísticas no solo refleja una mayor incidencia de los casos, sino también una mayor conciencia de las víctimas para buscar asistencia institucional en un momento donde las redes de contención del Estado atraviesan cambios estructurales profundos.

De acuerdo con los datos presentados, la mayoría de las personas afectadas son mujeres, seguidas por niños, niñas y adolescentes. Los equipos interdisciplinarios de la oficina, integrados por profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social, han detectado que la violencia psicológica es la más prevalente, presente en casi la totalidad de los legajos iniciados, seguida de cerca por la violencia física y económica.

El aumento en la demanda de asistencia coincide con un periodo de fuerte ajuste en diversas áreas estatales, lo que pone a la OVD en el centro del debate sobre la eficacia del Poder Judicial para dar respuestas rápidas. La intervención de la oficina es crucial: tras la entrevista, se realiza una evaluación de riesgo y se deriva el caso de forma inmediata a la justicia civil o penal para la implementación de medidas de protección, como botones antipánico o exclusiones de hogar.

Perfil de las denuncias y tipología de violencia

El informe destaca que el vínculo más frecuente entre la víctima y el agresor es el de pareja o ex pareja. Asimismo, se observó que la violencia de tipo económica y patrimonial ha ganado terreno en los últimos meses, dificultando que las víctimas puedan abandonar el hogar compartido debido a la falta de autonomía financiera. Este factor, según los especialistas, es un agravante que perpetúa los ciclos de abuso.

¿Por qué aumentaron las denuncias en la OVD y qué impacto genera?

El incremento en las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica responde a una multicausalidad donde se mezclan el mayor acceso a la información y el deterioro de las condiciones socioeconómicas. La polémica se instala en la capacidad del sistema judicial para procesar este volumen creciente de causas sin que se produzca una saturación que ponga en riesgo la integridad de quienes denuncian.

¿Quiénes están involucrados en la contención de las víctimas?

La estructura operativa liderada por la Corte Suprema de Justicia trabaja en conjunto con la Policía de la Ciudad y el sistema de salud pública. Sin embargo, el desafío político en Argentina reside en cómo articular estas acciones con las nuevas directrices del Gobierno nacional, que ha modificado la jerarquía y el financiamiento de los ministerios y programas destinados específicamente a la prevención de la violencia de género.

Antecedentes y estadísticas de violencia doméstica en el país

Desde su creación en 2008, la OVD ha sido un modelo de referencia en la región. No obstante, el salto cuantitativo registrado en 2025 y lo que va de 2026 marca un récord de intervenciones. Este fenómeno obliga a los legisladores y funcionarios del Ejecutivo a revisar los protocolos de seguimiento de las medidas cautelares, que en muchos casos resultan insuficientes para evitar desenlaces fatales.

Este incremento en las atenciones de la OVD podría marcar un punto de quiebre en la discusión sobre el presupuesto judicial. En un contexto donde el Gobierno promueve el déficit cero, la presión sobre las oficinas de atención directa a víctimas aumenta exponencialmente. Si la justicia argentina no logra acompañar este flujo de denuncias con recursos operativos y tecnológicos, la brecha entre la denuncia y la protección efectiva podría ensancharse, dejando a miles de personas en una situación de vulnerabilidad extrema bajo la lupa de los organismos internacionales de derechos humanos.