28/04/2026
El funcionario declaró participaciones en firmas energéticas como Pampa Energía y Transportadora de Gas del Sur, además de un fuerte crecimiento patrimonial durante el último período informado. Aunque no existen imputaciones judiciales, la situación reaviva el debate sobre ética pública y conflictos de interés en organismos reguladores del Estado argentino.
La publicación de la declaración jurada patrimonial 2024 de Fabián Marcelo Bello, actual gerente de Desempeño y Economía del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), encendió nuevas alertas dentro del organismo. Según surge de la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción, el funcionario posee inversiones en empresas vinculadas al mercado energético que están alcanzadas por la regulación estatal.
Entre los activos informados aparecen participaciones en Pampa Energía por $5.794.800 y en Transportadora de Gas del Sur por $12.891.770,15. Ambas compañías operan en áreas estratégicas del sistema gasífero argentino, sujetas a control técnico, económico y normativo por parte del ENARGAS.

El punto central no radica solamente en la existencia de esas inversiones, ya que fueron declaradas formalmente, sino en el eventual conflicto de interés que podría generarse si el funcionario interviene en decisiones que impacten sobre esas empresas.
La Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública establece que los funcionarios deben abstenerse de participar en asuntos donde posean intereses personales, económicos o financieros.
En ese marco, una de las principales preguntas es si Bello se excusó de intervenir en expedientes vinculados a estas firmas o si existen mecanismos internos que prevengan incompatibilidades dentro del ente regulador.
Otro de los datos que llamó la atención fue la evolución del patrimonio declarado. Según la documentación oficial, Bello pasó de bienes por $222.877.675,18 al inicio del período a $520.762.829,56 al cierre del mismo.
Además, se detallan:
Se trata de un perfil patrimonial de alta liquidez, con activos dolarizados y presencia en instrumentos financieros locales e internacionales.
El caso no aparece aislado. En los últimos meses surgieron distintas presentaciones administrativas y judiciales vinculadas a funcionarios del organismo, enfocadas en inconsistencias patrimoniales y posibles incompatibilidades.
Uno de los antecedentes recientes fue la situación de Eric Oscar Salomone Strunz, gerente de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales del ENARGAS, cuya evolución patrimonial también quedó bajo análisis.
La repetición de cuestionamientos internos vuelve a poner en debate los mecanismos de auditoría y control dentro de los entes reguladores del Estado.

El episodio impacta en un área especialmente sensible para cualquier administración: energía, tarifas y servicios públicos. Los organismos reguladores necesitan mostrar independencia técnica y credibilidad institucional para sostener decisiones que afectan empresas, usuarios e inversiones.
Cuando aparecen dudas sobre posibles conflictos de interés, la discusión excede a un funcionario puntual y alcanza al sistema de controles del Estado argentino.
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