27/04/2026
La CGT presentó una recusación contra los jueces Víctor Pesino y María Dora González, quienes dejaron vigente la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La central obrera denunció falta de fundamentos, prejuzgamiento y cuestionó beneficios otorgados por el Estado a uno de los magistrados.
La Confederación General del Trabajo (CGT) recusó a los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que la semana pasada resolvieron restablecer la vigencia de artículos clave de la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional. Además, pidió la nulidad del fallo y anticipó que podría llevar el caso a la Corte Suprema, la OIT y la CIDH.
La presentación judicial fue realizada por el abogado de la central obrera, Pablo Topet, y apunta contra los camaristas Víctor Pesino y María Dora González, integrantes de la Sala VIII del tribunal laboral.
El eje del conflicto surgió luego de que ambos magistrados dejaran sin efecto una cautelar que mantenía suspendidos cerca de 80 artículos de la reforma laboral. Con esa decisión, las normas volvieron a tener vigencia mientras continúa el proceso judicial de fondo.
La CGT cuestionó duramente esa resolución y aseguró que "carece de todo fundamento". También sostuvo que los jueces habrían prejuzgado sobre la cuestión central del expediente.
Según el escrito presentado, el tribunal no explicó con precisión qué artículos debían reactivarse ni por qué correspondía modificar la medida cautelar previa.

Uno de los puntos más sensibles del planteo sindical está vinculado al juez Víctor Pesino. La CGT advirtió que, al día siguiente del fallo favorable para el Gobierno, el Poder Ejecutivo envió al Senado un pedido para extender por cinco años su permanencia en el cargo.
Pesino está próximo a cumplir 75 años, edad límite prevista por la Constitución Nacional para el ejercicio de la magistratura, salvo nuevo acuerdo legislativo.
Para la central obrera, esa coincidencia temporal configura una situación incompatible con la imparcialidad judicial.
"La intervención del recusado en un expediente donde podía favorecer la posición de la demandada constituye una conducta contraria a la ética", señaló el escrito.

Los artículos cuestionados por la CGT abarcan aspectos centrales de la legislación laboral argentina. Entre ellos figuran:
Estos puntos permanecían suspendidos por una cautelar judicial hasta la reciente decisión de la Cámara.
La ofensiva judicial de la CGT reaviva uno de los principales focos de tensión entre el sindicalismo y la administración nacional. La reforma laboral es una de las apuestas estratégicas del oficialismo para flexibilizar el mercado de trabajo y modificar costos empresariales.
Del otro lado, la central obrera considera que esas medidas implican pérdida de derechos adquiridos y un avance sobre garantías históricas de los trabajadores en Argentina.
Este enfrentamiento podría profundizarse en las próximas semanas, especialmente si el caso escala a la Corte Suprema o deriva en nuevas protestas gremiales.

La recusación deberá ser analizada judicialmente y podría demorar nuevas definiciones sobre la causa principal. Mientras tanto, los artículos reactivados continúan vigentes.
Además, la CGT ratificó la reserva del caso federal, paso previo para recurrir a la Corte Suprema, y advirtió que también acudirá ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para el Ejecutivo, sostener la reforma laboral es clave para mostrar capacidad de transformación y cumplimiento de promesas económicas. Un revés judicial sería leído como una derrota política de peso.
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