Piden archivar la causa contra Manuel Adorni por el viaje de su esposa en avión oficial

El dictamen fiscal que favorece al Gobierno

La fiscal federal Alejandra Mangano pidió formalmente al juez Daniel Rafecas que se archive la denuncia por el viaje de la esposa del vocero presidencial, Manuel Adorni, a Estados Unidos en un avión oficial.

Según el dictamen, no se configuró ningún delito. La fiscal sostuvo que, tras analizar informes de la Secretaría General de la Presidencia y de la Jefatura de Gabinete, no se encontraron irregularidades que encuadren en figuras penales como malversación de fondos o uso indebido de bienes del Estado.

"El uso del avión oficial resultó razonable dentro de las facultades discrecionales de la Presidencia", señala el documento judicial.

Por qué no hubo delito, según la Justicia

Uno de los puntos centrales del análisis fue la capacidad del avión presidencial, un Boeing 757-200 con 39 plazas. De acuerdo con los informes oficiales, durante el viaje realizado entre el 6 y el 11 de marzo había más de diez asientos disponibles.

En ese contexto, la inclusión de Bettina Julieta Angeleti -esposa de Adorni- no implicó un gasto adicional significativo ni una erogación extraordinaria para el Estado.

Además, la fiscal descartó que el caso encuadre en el artículo 260 del Código Penal, que sanciona el uso indebido de caudales públicos.

Impacto político y escenario judicial

La denuncia había generado ruido político en medio de un clima de alta sensibilidad por el uso de recursos estatales. Sin embargo, el dictamen de Mangano representa un fuerte respaldo para el Gobierno nacional.

Ahora, la decisión final quedará en manos del juez Rafecas, quien deberá resolver si hace lugar al pedido de archivo o si la causa continúa su curso.

Por el momento, el expediente pierde impulso judicial y se encamina hacia su cierre, salvo que surjan nuevos elementos que modifiquen el escenario.

Qué puede pasar ahora

Si el juez acepta el planteo de la fiscal, la causa quedará archivada sin consecuencias penales para los involucrados. En caso contrario, podría ordenarse la producción de nuevas pruebas o avanzar hacia una instancia más profunda de investigación.

El caso se inscribe en una serie de denuncias que ponen bajo la lupa el uso de bienes públicos por parte de funcionarios, un tema que sigue generando debate en la agenda política argentina.