Fotomultas en Lanús: semáforos sin contador, millones recaudados y solo 3 votos para eliminarlas

Cuando el concejal de La Libertad Avanza Ignacio Moroni solicitó avanzar con el proyecto de ordenanza de su bloque para eliminar el sistema, el resultado fue aplastante: 19 votos en contra, solo 3 a favor. Antes de que los números sellaran su suerte, Moroni no se guardó nada: 'Esto es un curro que arrancó el intendente anterior', lanzó desde su banca, apuntando directamente a la herencia que dejó el PRO.

Consejo deliberante del municipio de Lanús

El origen: Grindetti lo instaló, Álvarez lo heredó y lo defendió

El sistema de fotomultas en Lanús no es nuevo. Fue uno de los primeros proyectos que el entonces intendente Néstor Grindetti envió al Concejo Deliberante, con el objetivo de implementar radares en zonas céntricas y avenidas que el PRO calificaba de peligrosas. Lo presentó bajo el discurso de la seguridad vial y la convivencia ciudadana. Con el tiempo, sin embargo, lo que comenzó como un sistema de control se fue convirtiendo, según distintos sectores políticos, en una fuente de ingresos sistematizada y poco transparente.

Cuando Julián Álvarez, militante de La Cámpora y exsecretario de Justicia en los gobiernos de Cristina Kirchner, ganó la intendencia en 2023 -en una elección que el peronismo no esperaba ganar, beneficiado por la división del voto opositor entre Bullrich y Milei- heredó el sistema. Y lo mantuvo. El presidente del Concejo, Nicolás Russo, del Frente Renovador, lo justificó señalando que 'hay contratos que se rediscutieron y son más beneficiosos para la comuna, como los de las fotomultas'.

Los semáforos trampa: sin contador, sin aviso, con cámara

Pero el reclamo de los vecinos va más allá del monto de las multas. Lo que más irrita es la sospecha -difícil de demostrar, imposible de ignorar- de que los semáforos están configurados deliberadamente para generar infracciones.

Vecinos de distintos barrios del partido denuncian que los contadores regresivos que indicaban cuántos segundos faltaban para el cambio de luz fueron retirados en varias intersecciones clave. En el cruce de Beltrán e Yrigoyen, los vecinos aseguran que el contador existía y fue removido. Sin ese dato, el conductor no puede anticipar el cambio: frena de golpe, queda detenido sobre la senda peatonal, o cruza y queda expuesto a la cámara.

A eso se suma la sincronización cuestionada de los semáforos en los corredores principales. En la avenida Pavón -que continúa como Hipólito Yrigoyen a lo largo del partido, siendo una de las arterias más transitadas del sur del Conurbano-, los vecinos denuncian que los semáforos están sincronizados para ponerse en rojo cada dos cuadras, generando tapones permanentes de tránsito y multiplicando la cantidad de vehículos detenidos frente a cámaras activas.

El negocio: millones que no van a seguridad

Las cifras hablan por sí solas. Según denunció el entonces concejal del Frente de Todos Gabriel Sandoval, el municipio de Lanús recaudaría a través de las fotomultas entre 4 y 5 millones de pesos diarios que no se destinan a seguridad. Aunque esos números corresponden a 2023 y la inflación los volvió nominalmente distintos, la lógica que describe sigue vigente: una recaudación millonaria que no tiene correlato en patrulleros, alumbrado ni personal de tránsito en la calle.

Lo que vuelve más irritante el debate es el contraste. Mientras los radares fotografían infracciones en segundos, vecinos de Valentín Alsina llevan casi dos años esperando que la Municipalidad instale semáforos en la avenida Osorio, entre el Puente Olímpico y la Avenida Remedios de Escalada -unas 30 cuadras donde camiones, colectivos y autos circulan a alta velocidad generando accidentes permanentes. La respuesta oficial fue que el pedido 'ya se encuentra en proceso de ejecución'. Los accidentes, en tanto, no esperaron.

El partido tiene semáforos donde conviene tenerlos -con cámara- y no los tiene donde los vecinos los piden. Esa asimetría es difícil de explicar como descuido administrativo.

El debate sobre fotomultas no es exclusivo de Lanús. En San Isidro, el intendente Ramón Lanús -sin relación con el partido bonaerense homónimo- tomó una decisión que en el Conurbano nadie se animó a imitar: suspendió el sistema por completo. La auditoría que realizó encontró un panorama inquietante: inexistencia de listados con los equipos instalados, ausencia total de procedimientos escritos, sin documentación sobre facturación ni análisis de costos, con funciones tercerizadas a empresas privadas a través de convenios con universidades públicas.

El intendente sanisidrense fue directo: 'Queremos garantizar que el sistema esté orientado a reducir accidentes y salvar vidas, no a sacarle plata al vecino, ni beneficiar a empresas o funcionarios políticos escondidos detrás de convenios oscuros. Ese debería haber sido el propósito desde el primer día. No lo fue.'

En Lanús, en cambio, nadie auditó nada. El sistema se mantuvo, los contratos se renegociaron y el Concejo votó para que siga. Diecinueve a tres.El fondo de la cuestión: ¿para quién trabajan las cámaras?

Un sistema de fotomultas bien calibrado, con señalización adecuada, contadores visibles, cámaras en puntos de real peligrosidad y fondos destinados efectivamente a seguridad vial puede ser una herramienta legítima. Pero cuando los contadores desaparecen, los semáforos se sincronizan para trabar el tránsito, las multas llegan tarde y acumuladas, y el dinero no se refleja en seguridad ni en infraestructura, la herramienta se convierte en otra cosa.

En un municipio donde la concejala de La Libertad Avanza señaló que 'la tasa vial, la tasa de Seguridad e Higiene, las multas, las fotomultas, todo es extremadamente recaudatorio y todo lo pagamos de nuestro bolsillo', y donde el PRO lleva años sin plantear una revisión profunda del sistema que él mismo instaló, la pregunta que queda flotando es simple: ¿para quién trabajan las cámaras?

Los vecinos de Lanús lo saben. Los concejales de la oposición lo dicen en voz alta. El Concejo, con 19 votos, decidió que el sistema siga.