17/04/2026
El Foro Permanente que nuclea a instituciones y prestadores del sector anunció un cese de actividades frente a la "asfixia económica". Denuncian que el atraso en los aranceles y la falta de pago de las obras sociales estatales ponen en riesgo la atención de miles de personas.
La crisis que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad en Argentina sumará un nuevo capítulo de protesta. El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una movilización nacional para el próximo miércoles 22 de abril a las 11:00, concentrando frente a la sede del Ministerio de Salud de la Nación.
La medida, que incluirá un cese total de actividades, busca visibilizar una situación que las organizaciones califican como de "extrema gravedad" y que ya afecta la continuidad de tratamientos, traslados y servicios de educación terapéutica en todo el país.
El sector denuncia un combo de factores que está provocando el cierre de instituciones y la precarización de los profesionales: Los valores de las prestaciones han quedado desfasados frente a la inflación, lo que impide cubrir costos operativos básicos y denuncian demoras crónicas y deudas acumuladas por parte de organismos como IOMA, PAMI y el programa Incluir Salud.

Denuncian que el atraso en los aranceles y la falta de pago de las obras sociales estatales ponen en riesgo la atención de miles de personas.
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También, un incumplimiento de la Ley de Emergencia: las organizaciones señalan que, pese a la normativa vigente, no se están transfiriendo los fondos necesarios para sostener el sistema. Alertan que muchas instituciones ya no pueden afrontar el pago de sueldos y cargas sociales, lo que deriva en la interrupción de servicios esenciales para los beneficiarios.
La movilización del próximo miércoles sucede a una serie de protestas previas -incluida una reciente marcha al Ministerio de Economía el pasado 14 de abril- que no han obtenido las respuestas esperadas.
"La falta de respuestas concretas por parte del Estado afecta directamente el acceso a derechos básicos de las personas con discapacidad", advirtieron desde el Foro en un comunicado.
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